Uruguay anuncia la entrega a España de tres etarras que habían pedido asilo

El ministro del Interior del Uruguay, Ángel María Gianola, anunció ayer que su Gobierno ha decidido ya entregar a España a los tres presuntos etarras detenidos en Montevideo, sobre cuya extradición ya se había pronunciado favorablemente la justicia de ese país. Esta decisión se ha producido después de que el Ejecutivo uruguayo haya considerado, "que no ha lugar" a la petición de asilo político formulada por los tres detenidos, porque están acusados de homicidios de funcionarios, crimen no considerado político en dicho país.Gianola no precisó, sin embargo, la fecha de la entrega de Jesús Goitia...

El ministro del Interior del Uruguay, Ángel María Gianola, anunció ayer que su Gobierno ha decidido ya entregar a España a los tres presuntos etarras detenidos en Montevideo, sobre cuya extradición ya se había pronunciado favorablemente la justicia de ese país. Esta decisión se ha producido después de que el Ejecutivo uruguayo haya considerado, "que no ha lugar" a la petición de asilo político formulada por los tres detenidos, porque están acusados de homicidios de funcionarios, crimen no considerado político en dicho país.Gianola no precisó, sin embargo, la fecha de la entrega de Jesús Goitia, Jesús María Lizarralde y Miguel Ibáñez Oteiza, aunque reconoció la posibilidad de que un avión sanitario español se desplace en breve a Montevideo para trasladar a los supuestos etarras, en huelga de hambre desde hace 11 días como protesta contra la decisión de extradición.

Jesús Goitia, Jesús María Lizarralde y Miguel Ibáñez Oteiza fueron detenidos en mayo de 1992 en el restaurante La Trianera, que regentaban en Montevideo. Lizarralde está acusado de tres asesinatos; Goitia, de colocar una bomba que mató a un artificiero, e Ibáñez, de otros dos asesinatos.

Mientras, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tildó de "ofensa gratuita" y de "injusticia histórica" la calificación de "asesinos" dirigida por el diputado del PNV Iñaki Anasagasti a los jueces que actuaron durante la transición. Según la APM, si Anasagasti conoce conductas criminales de jueces debe y hacerlas públicas y cocretarlas, pero no descalificar genérica e indiscriminadamente al Poder Judicial, "con el evidente propósito de apoyar posturas políticas partidistas en la polémica sobre la reinserción de terroristas".