Una fundación del PSOE, subvencionada por Asuntos Sociales, cerrará por bancarrota
Solidaridad Democrática debe 127 millones al Estado, según los trabajadores
Irregularidades en la gestión, falta de justificación de sus programas y financiación, y desbandada general de sus cargos directivos llevarán a echar el cierre en diciembre a la fundación Solidaridad Democrática, ligada al PSOE y UGT, beneficiaria durante varios años de importantes subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales. El fallecimiento de su presidenta, Carmen García Bloise ha dejado sin madrina a esta organización que, con una nómina de 79 trabajadores en seis ciudades españolas, se dedica a mujeres maltratadas, presos y antiguos republicanos.
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Irregularidades en la gestión, falta de justificación de sus programas y financiación, y desbandada general de sus cargos directivos llevarán a echar el cierre en diciembre a la fundación Solidaridad Democrática, ligada al PSOE y UGT, beneficiaria durante varios años de importantes subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales. El fallecimiento de su presidenta, Carmen García Bloise ha dejado sin madrina a esta organización que, con una nómina de 79 trabajadores en seis ciudades españolas, se dedica a mujeres maltratadas, presos y antiguos republicanos.
Solidaridad Democrática mantiene una situación "caótica" según sus trabajadores, que llevan desde abril sin cobrar sus salarios. Once de ellos han presentado una demanda de rescisión de contrato por incumplimiento de la empresa en los juzgados de lo social. Desde el fallecimiento de Carmen García Bloise, su presidenta, la situación ha empeorado, afirman.Alejandro Cercas, de la ejecutiva del PSOE y vocal del patronato de la fundación, reconoció ayer a EL PAÍS que la situación de la fundación es muy grave, pero negó que él personalmente tenga responsabilidades jurídicas. "En todo caso, morales", declaró. Cercas confirmó que la fundación desaparecerá en diciembre, aunque dijo que intentarán salvar varios de sus programas.
Solidaridad Democrática, creada en 1945 y ligada al PSOE y a la UGT, se quedó sin gerente en 1993, cuando García Bloise e Inés Ayala asumieron la dirección administrativa y de programas. Éste periódico no pudo contactar ayer con ésta última.
En el conflicto sólo hay una cosa clara: nadie quiere asumir la responsabilidad. Ni a la fundación, ni a sus mentores les salen las cuentas. Los problemas económicos de la fundación arrastran de 1992. En un expediente remitido a la organización el pasado 18 de julio, Asuntos Sociales les comunicó que en la documentación justificativa de la subvención que les concedieron en 1992, con cargo al 0,5% del IRPF, habían detectado defectos formales u omisiones en las facturas de toda España que superaban los 11 millones de pesetas. La organización tenía que subsanar en 20 días estos errores o, de lo contrario, se iniciaría un expediente de devolución de fondos. Todos los centros debían aportar, además, los impresos justificativos de las retenciones de Hacienda y el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Asuntos Sociales volvió a conceder, en 1993, otros 23 millones de pesetas de subvención a esta fundación. Asuntos Sociales no quiso hacer ayer ninguna declaración y remitió a una próxima conferencia de prensa mañana sábado.
Según datos aportados por el comité de empresa de la fundación, ésta tiene contraídas deudas por un valor superior a los 263 millones de pesetas. De ellos, 24 corresponderían a Hacienda y 102 a la Seguridad Social. "Nos sentimos abandonados declara Ana Santamaría, trabajadora del centro de atención a la mujer en Madrid. Cercas y Santamaría coincidieron al señalar que, detectadas las irregularidades, han sobrevivido gracias al impulso personal de García Bloise.
Los programas de Solidaridad Democrática abarcan desde un centro de atención a la marginación de la mujer y una casa refugio para mujeres maltratadas, hasta una oficina de asesoramiento al colectivo de republicanos beneficiarios de la ley de amnistía. Según datos del propio centro, en la actualidad atienden a un colectivo de unas 6.000 personas, pero sólo 17 mujeres y 49 niños reciben atención permanente en la casa refugio madrileña.
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