"No soy un remiendo de urgencia"

Economista por Deusto, natural del pequeño pueblo burgalés de Trespaderne, de 36 años, miembro del Partido Socialista de Euskadi, ex consejero de Economía del Gobierno vasco entre 1989 y 1991, Luis Atienza ocupa desde el pasado viernes el cargo de ministro de Agricultura tras la dimisión sorpresa de Vicente Albero.Bajo el mandato de Pedro Solbes, en Agricultura, entre 1991 y 1993, desempeñó el puesto de secretario general de Estructuras. Luis Atienza niega que su nombramiento sea un remiendo de urgencia para tapar un agujero y que esté provisional en el cargo. Eso sí, "dentro de la provisional...

Economista por Deusto, natural del pequeño pueblo burgalés de Trespaderne, de 36 años, miembro del Partido Socialista de Euskadi, ex consejero de Economía del Gobierno vasco entre 1989 y 1991, Luis Atienza ocupa desde el pasado viernes el cargo de ministro de Agricultura tras la dimisión sorpresa de Vicente Albero.Bajo el mandato de Pedro Solbes, en Agricultura, entre 1991 y 1993, desempeñó el puesto de secretario general de Estructuras. Luis Atienza niega que su nombramiento sea un remiendo de urgencia para tapar un agujero y que esté provisional en el cargo. Eso sí, "dentro de la provisionalidad que tenemos todos los políticos". Asegura que ha desembarcado en Agricultura para seguir la línea iniciada en los últimos años.

Luis Atienza confía además en que se produzca una regeneración de la vida política y que en los próximos meses ya se conozcan datos sobre la recuperación económica. En política agraria, Luis Atienza está empeñado en la modernización del campo español para hacerlo más competitivo, y señala que España no va a permitir perder su potencial productivo por acciones de otros países de la Unión Europea o por acuerdos con terceros Estados. La política forestal y la gestión del medio ambiente es otro de los grandes retos.

Pregunta. Durante las últimas fechas, agricultores franceses han destruido el cargamento de fresa de 20 camiones españoles entre la indiferencia de las autoridades galas y las tibias críticas de España y Bruselas. ¿No cree hay una sensación de que no se defienden correctamente los intereses de estos sectores ante las agresiones francesas?

Respuesta. La Administración española ha planteado una queja ante el Gobierno francés, así como ante la Comisión de la Unión Europea que, a su vez, ha hecho una seria advertencia a la Administración del país vecino. Éstas son las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha. Si continuaran las agresiones, no solamente la destrucción de mercancía, sino también las presiones ante la distribución, España no dudará en acudir al Tribunal de Justicia. Se trata de unos actos vandálicos inaceptables. España no va a consentir que un país como Francia rompa las reglas de juego comunitarias en un mercado único. No vamos, a dar lugar a que este tipo de medidas puedan mermar el potencial de un sector español competitivo como son los productos hortofrutícolas.

P. En producciones donde España es menos competitiva, como cereales o leche y derivados, el mercado está invadido de productos franceses, mientras en las producciones españolas competitivas frente a sus cultivos, los franceses acuden a la violencia u otras medidas de presión contra las importaciones.

R. No se puede aceptar la visión francesa de lo que supone el mercado único. Lo mío es mío y también me pertenece el mercado ajeno. Es impresentable que agricultores franceses traten de mantener por todos los medios una política dura y proteccionista mientras se están beneficiando de la apertura de fronteras de otros países. Vamos a jugar duro en este campo, sin llegar a la violencia que ellos practican, para que las agresiones de estos días sean las últimas.

P. A pesar de las lluvias en algunas zonas en los últimos días, la sequía ha supuesto también en esta campaña el cambio de cultivos y, en muchas zonas, graves pérdidas. ¿Qué medidas se piensan adoptar para paliar esta situación?

R. Es cierto que la sequía ha dado lugar a modificaciones en el mapa de cultivos en el país, pasando superficies de producciones de regadío a secano. Frente a esta situación, España va a plantear en Bruselas una mayor flexibilidad en cuanto a los techos o cuotas de producción para evitar penalizaciones. Tampoco se puede descartar la solicitud de ayudas comunitarias consecuencia de la sequía. En el plano nacional, se deberán discutir con las organizaciones agrarias las medidas fiscales o crediticias a poner en marcha en las zonas afectadas. Igualmente, el ministerio apoyará las actuaciones que apliquen las comunidades autónomas.

P. Desde el Ministerio de Agricultura se ha dicho que el Acuerdo del GATT es positivo para el sector agrario. Parece evidente que va a facilitar el comercio, pero ¿no cree que un aumento de las importaciones y una reducción de las exportaciones puede eliminar la agricultura menos competitiva?

R. En líneas generales, el acuerdo del GATT debe tener un impacto global positivo para el comercio y también para el sector agrario. Es probable que en algunos casos, la posibilidad de importaciones con aranceles más bajos puede afectar negativamente a los mercados. Pero, para el sector productor esa probable incidencia se supera con el mantenimiento de las ayudas directas para el sostenimiento de rentas. El funcionamiento de unas nuevas organizaciones comunes de mercado (OMC) que garanticen esos ingresos a los agricultores es actual mente una de las pretensiones prioritarias de la Administración. Ésta es la medida más importante que nos preocupa en este momento.

P. ¿Cuál es la actual situación de la redacción de las nuevas OCM en casos como las frutas y hortalizas, vino, arroz, aceite o azúcar?

R. Del conjunto de las nuevas IOCM que se deben aprobar en los próximos meses, sólamente conocemos el borrador en fase de redacción avanzada del vino. Para España se trata de una propuesta de la Comisión inaceptable que ni siquiera la tomamos en consideración.No vamos a con sentir medidas que supongan un aten tado para el potencial de nuestras producciones y que obliguen a los arranques masivos. Por otra parte, rechazamos la filosofía de renacionalización de ayudas frente al principio de solidaridad financiera comunitaria. En frutas y hortalizas solamente aceptamos una OCM que suponga el reconocimiento de la preferencia comunitaria y que no sea un freno para el sector.

P. ¿Y el acuerdo con Marruecos?

R. España debe apoyar el desarrollo de la economía en terceros países, pero eso debe ser compatible con esa misma preferencia comunitaria vía precios o calendarios que en ningún caso supongan frenar el potencial de las producciones nacionales.

P. Tas la reforma de la pólítica agrícola común (PAC) y el acuerdo del GATT, todo el mundo habla sobre la necesidad de te ner empresas competitivas ¿Cómo se traduce a hechos toda esa filo sofia general?

R. Modernizar y hacer un sector agrario más competitivo se debe reflejar en unas estructuras agrarias con mayor dimensión, en la existencia de una mejor tecnología, más formación en los profesionales, la incorporación de más jóvenes y la oferta de una mayor información.

P. ¿Cómo se va a lograr todo eso; con qué intrumentos?

R. Hay en marcha un anteproyecto de ley de interprofesionales para la modernización de las explotaciones agrarias. A través de la misma no se va refinanciar la deuda agraria, porque consideramos que no es ese el sistema. Pero se van a potenciar los créditos baratos para que se destinen a inversiones, ayudas a los jóvenes, incentivos fiscales para la agrupación de las explotaciones, medidas para lograr una mayor movilidad de la tierra, etcétera.

P. ¿No es mucho rebajar a dos o tres años los periodos de arrendamiento rústico para dar estabilidad al sector?

R. Probablemente sea excesivamente corto el nuevo periodo y estamos dispuestos a su negociación. Quizás cinco años sena un plazo también asumible. Pero lo que es evidente es que con los actuales plazos y prórrogas de hasta 21 años se estaba haciendo un flaco favor a la movilidad de la tierra, además de favorecer un mercado negro de arrendamientos.

P. En el año 1993 Bruselas aportó más de 700.000 millones de pesetas en recursos financieros. Más del 25% de las rentas de la explotación se establecen en base a diferentes ayudas nacionales o comunitarias. ¿Considera que debería existir una diferenciación entre las ayudas concedidas al profesional de la agricultura del resto de quienes tienen ingresos no agrarios?

R. Se trata de una cuestión polémica que debe ser analizada muy en profundidad. Yo soy partidario de que en una serie de ayudas, fundamentalmente las que no tienen incidencia en producciones y mercados, exista un mejor trato para quienes son profesionales de la agricultura respecto de quienes no lo son.

P. ¿Qué planes existen en la actualidad para la industria alimentaria y cuál debe ser el papel público en este sector?

R. Actualmente no se puede entender el campo si no es en el contexto de la cadena agro alimentaria. En esta línea, se ha elaborado el proyecto de ley para lograr una mejor organización económica del sector. Nuestro objetivo es lograr una industria agroalimentaria competiviva, con fuerte potencial investigador y lograr la máxima concentración de empresas para hacer grupos grandes con oferta de calidad. Desde el Ministerio de Agricultura apoyamos el funcionamiento de grupos fuertes agroalimentarios españoles, pero tampoco hay que rechazar la entrada de capital exterior que, preferiblemente, sitúen sus centros de decisión en España.