El Grupo Ibercorp encubrió con un testaferro a los titulares de 1.000 millones en pagarés del Tesoro
"El dinero invertido en pagarés del Tesoro desde el antiguo despacho del agente de cambio y bolsa Manuel de la Concha, y después a través de la sociedad de valoresd el grupo Ibercorp y del Banco Ibercorp, pudo alcanzar una cifra cercana a los 3.000 millones de pesetas", señala un ex alto cargo del grupo. De esta cifra al menos un tercio figuró a nombre de una sociedad liquidada en 1979 y de una persona física que, en opinión de quienes han llevado a cabo parte de las investigaciones en marcha, fue utilizada como testaferro para ocultar la verdadera identidad de los propietarios.
Ésta es...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
"El dinero invertido en pagarés del Tesoro desde el antiguo despacho del agente de cambio y bolsa Manuel de la Concha, y después a través de la sociedad de valoresd el grupo Ibercorp y del Banco Ibercorp, pudo alcanzar una cifra cercana a los 3.000 millones de pesetas", señala un ex alto cargo del grupo. De esta cifra al menos un tercio figuró a nombre de una sociedad liquidada en 1979 y de una persona física que, en opinión de quienes han llevado a cabo parte de las investigaciones en marcha, fue utilizada como testaferro para ocultar la verdadera identidad de los propietarios.
Ésta es una de las zonas de investigación que ha quedado paralizada por el momento como consecuencia de la presentación de la querella de los fiscales encargados del caso Rubio. El despacho de Manuel de la Concha, como la mayor parte del resto de las oficinas de los agentes de cambio y bolsa y de las entidades financieras, actuó como intermediario para la compra de pagarés del Tesoro, que gozaban de opacidad fiscal al no existir la obligación legal de comunicar al departamento de Hacienda la identidad de sus titulares.La cifra global, según fuentes del propio grupo Ibercorp, pudo alcanzar en su momento más alto los 3.000 millones de pesetas. Una parte de estos pagarés figuraba en la contabilidad interna del despacho de Manuel de la Concha, transformado en 1989 en Ibercorp Sociedad de Valores -y luego en la del Banco Ibercorp- a nombre de sus propietarios finales. Es a estos titulares a quienes correspondería la responsabilidad final de haber declarado u ocultado el capital y los intereses a Hacienda.
Pero al mismo tiempo, y por la documentación analizada hasta que se ha visto paralizada por la acción de la justicia, existió lo que se ha venido a definir como una bolsa de dinero opaco fiscalmente que figuraba a nombre de Nalvisa y de una persona física que se perfila como una persona interpuesta para ocultar la verdadera identidad de los titulares. Esta parte pudo llegar a suponer una cifra cercana a los 1.000 millones de pesetas.
Pendiente del juez
Nalvisa, empresa que perteneció a la familia de Manuel de la Concha y fue disuelta a finales de 1979, mantuvo hasta finales de 1988 (ocho años después de desaparecer) una cuenta de cliente del despacho de De la Concha que en su mejor momento llegó a tener entre 350 y 400 millones de pesetas en pagarés del Tesoro. La cuenta, con ese saldo aproximadamente, pasó al Banco Ibercorp en ese año.
El resto del dinero, 600 millones de pesetas, invertido globalmente en pagarés del Tesoro, figuraba a nombre de una persona física de la que quienes han investigado desconfían que pudiera tener un patrimonio de ese montante, por lo que se considera que figuraba como testaferro de terceras personas, cuya identidad se quería ocultar.
En esta cantidad de dinero, junto con la sociedad liquidada y el testaferro, se estaban centrando las investigaciones desde la Administración, ahora paralizadas hasta que el juez encargado del caso decida qué hacer con ellas. Al tiempo, Hacienda había empezado a comunicar a algunos poseedores e pagarés del Tesoro y de otras cuentas que podrían no haber sido declaradas la apertura de un proceso de inspección.
Todo ello, en principio, ha quedado interrumpido, aunque, se señala en la Administración, "la apertura de un proceso judicial permite que no se cuente el tiempo a efectos de prescripción para la inspección".