Santana reinicia su actividad al finalizar el expediente temporal de regulación de empleo
La factoría de Santana Motor de Linares (Jaén), reinicia hoy su actividad a las seis de la mañana, una vez finalizado el expediente temporal de regulación de empleo aprobado por la Delegación de Trabajo andaluza y que ha tenido vigencia a lo largo del mes de abril. Los trabajadores, no obstante, no desbloquearán la salida de la producción de vehículos ni de repuestos. El comité de empresa condiciona este hecho a que se normalice la producción de forma que vuelva a las cuotas anteriores al inicio del conflicto hace dos meses, cuando la multinacional japonesa Suzuki, accionista mayoritario d...
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La factoría de Santana Motor de Linares (Jaén), reinicia hoy su actividad a las seis de la mañana, una vez finalizado el expediente temporal de regulación de empleo aprobado por la Delegación de Trabajo andaluza y que ha tenido vigencia a lo largo del mes de abril. Los trabajadores, no obstante, no desbloquearán la salida de la producción de vehículos ni de repuestos. El comité de empresa condiciona este hecho a que se normalice la producción de forma que vuelva a las cuotas anteriores al inicio del conflicto hace dos meses, cuando la multinacional japonesa Suzuki, accionista mayoritario de Santana, planteó un expediente de extinción de contratos que afecta a 1.500 de los 2.400 trabajadores de la factoría.
El presidente del comité de empresa, Antonio Fernández Siles, explicó que se pueden empezar a montar coches de forma inmediata ya que hay componentes suficientes en la factoría. Añadió que los empleados no abandonarán la protesta y que se concentrarán todas las tardes ante las puertas del Ayuntamiento de Linares. Ayer unos cien trabajadores cortaron la autovía de Andalucía-Madrid a la altura del kilómetro 286. Incendiaron neumáticos y provocaron retenciones en el tráfico de más de seis kilómetros.
Los sindicatos UGT y CC OO están ultimando la contraoferta que presentarán ante la Junta de Andalucía respecto al expediente de rescisión de contratos que ya ha rechazado el gobierno autonómico.