La reforma laboral mantiene íntegros los puntos que provocaron la huelga general

Los dos principales proyectos de ley de la reforma laboral socialista -las medidas de fomento de la ocupación y la reforma del Estatuto de los Trabajadores- entrarán en vigor en mayo tras su aprobación final en el Congreso en el primer pleno del mes entrante. El Senado dio luz verde el miércoles a ambos textos sin cambios de calado. La reforma mantiene así en lo sustancial los puntos que llevaron a los sindicatos a la huelga general del 27E.

El tercer proyecto de la reforma, que crea las agencias de colocación, ya ha sido aprobado por el Congreso y está pendiente de pasar por la Cámara ...

Los dos principales proyectos de ley de la reforma laboral socialista -las medidas de fomento de la ocupación y la reforma del Estatuto de los Trabajadores- entrarán en vigor en mayo tras su aprobación final en el Congreso en el primer pleno del mes entrante. El Senado dio luz verde el miércoles a ambos textos sin cambios de calado. La reforma mantiene así en lo sustancial los puntos que llevaron a los sindicatos a la huelga general del 27E.

El tercer proyecto de la reforma, que crea las agencias de colocación, ya ha sido aprobado por el Congreso y está pendiente de pasar por la Cámara alta. La UGT, el sindicato que dirige Cándido Méndez, ya ha calificado el texto final de hipócrita. "Ha sido para el PSOE una ocasión más de poner en práctica su coalición de gobierno de derechas", según la ejecutiva ugetista. Los puntos más polémicos de la reforma quedan así:

Contratos de aprendizaje. Se destinan a jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, aunque no sea su primer empleo. Su duración no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años. La retribución será del 70% del salario mínimo el primer año, el 80% el segundo y el 90% el tercero, salvo para los menores de 18, en que el mínimo se establece en un 85%. No tiene cobertura de paro, invalidez o enfermedad común, aunque sí por embarazo.

Despido. Las causas para el despido objetivo se amplían a cuatro: económicas, tecnológicas, organizativas y de producción , estas dos últimas nuevas. Será despido colectivo el que afecte en un trimestre a 10 trabajadores en empresas de menos de 100; el 10% de la plantilla en empresas de entre 100 y. 300, y 30 empleados en empresas de más de 300. Los márgenes son los mismos para la movilidad geográfica y funcional de la plantilla. No habrá fraude de ley si en trimestres sucesivos se despide por debajo de esos márgenes por causas distintas cada vez, pero la nueva causa aducida debe ser objetiva y demostrarse. En las empresas de menos de cinco trabajadores no habrá despidos colectivos, sino individuales. Una empresa que aduzca mejoras de competitividad para una reducción de plantilla deberá comprometerse además a mantener el empleo. La autorización administrativa debe darse en 15 días.

Negociación colectiva. El PSOE pactó con el PNV en el Senado el descuelgue autonómico, la posibilidad de que las centrales de ámbito autonómico negocien convenios y salarios distintos de los de nivel estatal, que dejan de ser vinculantes.

Fomento de la contratación. Una enmienda pactada en el Senado entre socialistas y nacionalistas catalanes bonifica fiscalmente a las empresas que contraten a parados mayores de 45 años y minusválidos. Las empresas que contraten a personas de estos dos colectivos tendrán derecho a una reducción del 75% en sus cuotas a la Seguridad Social. Además, las empresas de menos de 25 trabajadores que contraten a perceptores del desempleo menores de 45 años inscritos al menos un año en las oficinas del 1-nem contarán con una rebaja del 50%. Estas reducciones se elevan al 100% y al 7 5%, respectivamente, para los autónomos o empresas sin trabajadores que contraten a su primer empleado.

Elecciones sindicales. Ha sido uno de los puntos espinosos de la reforma por el rechazo de CiU y el Partido Popular al acuerdo del Gobierno con UGT y Comisiones Obreras. Los socialistas necesitaron pactar con el PNV en el Senado para sacarlo adelante. La reforma suspende el actual periodo de cómputo que existía para acreditar la representatividad de cada central. Se establece la renuncia a recurrir, en caso de litigio, al juzgado de lo Social. El proceso queda en manos de una oficina pública y su control recae en una comisión consensuada entre los sindicatos. Los actuales miembros de los comités de empresa prorrogan sus mandatos a todos los efectos hasta el próximo 15 de septiembre, en que se iniciará el nuevo periodo electoral.

Validez de los convenios. Los socialistas mantienen la prórroga automática de todos los aspectos de un convenio colectivo hasta que es sustituido por el siguiente, la llamada ultraactividad. Los nacionalistas catalanes han intentado eliminarla, una idea defendida por la patronal.