Deprisa, deprisa

LA RAPIDEZ con la que el Gobierno y el partido socialista han reaccionado en los casos de Roldán y Rubio se ha revelado insuficiente para desactivar la demanda social y política que les empuja a ir más deprisa todavía. No podía ser de otro modo. Ha sido tan grande el retraso con el que han tomado conciencia del estado de corrupción imperante que su celo actual, por fulgurante que sea, está políticamente impedido. Los socialistas no pueden evitar que otros les lleven la delantera en una batalla política en la que están en clara desventaja estratégica por culpa propia.Los últimos episodios relat...

LA RAPIDEZ con la que el Gobierno y el partido socialista han reaccionado en los casos de Roldán y Rubio se ha revelado insuficiente para desactivar la demanda social y política que les empuja a ir más deprisa todavía. No podía ser de otro modo. Ha sido tan grande el retraso con el que han tomado conciencia del estado de corrupción imperante que su celo actual, por fulgurante que sea, está políticamente impedido. Los socialistas no pueden evitar que otros les lleven la delantera en una batalla política en la que están en clara desventaja estratégica por culpa propia.Los últimos episodios relativos a la comisión sobre el caso Roldán ilustran bien esta situación. El Gobierno se ha negado a enviar a dicha comisión las declaraciones de renta y patrimonio del antiguo director de la Guardia Civil, alegando que no puede hacerlo de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, que sólo autoriza la entrega de esa documentación a los jueces en caso de delito. Esta actitud puede ser discutible, pero tiene un sólido fundamento legal. Sólo podría interpretarse como un boicoteo a los trabajos de la comisión que el Gobierno se hubiera abstenido de proponer alternativas legales a lo que, a su entender, constituiría una ilegalidad. Dichas alternativas existen.

Por un lado, el Gobierno ha ordenado a la Agencia Tributaria que remita dicha documentación fiscal al juzgado que tramita las querellas por malversación de caudales públicos contra Roldán; por otro, ha puesto en marcha una reforma de la Ley General Tributaria que permita explícitamente el acceso de las comisiones de investigación parlamentarias a los datos de carácter fiscal de las personas investigadas. Es lo que deberían haber exigido al Gobierno sus críticos en lugar de incitarle a vulnerar la ley con la insostenible argumentación de que ese proceder está justificado si es en defensa de los intereses públicos.

Salta a la vista que los casos de Roldán y Rubio han obligado al Gobierno y al partido socialista a dar un giro copemicano en sus tradicionales puntos de vista sobre la forma de tratar el fenómeno de la corrupción política. Tanto en lo que se refiere al papel que le toca desempeñar al poder judicial como al que corresponde al Parlamento mediante el intrumento de las comisiones de investigación. El funcionamiento sin cortapisas de la comisión Roldán ha servido para revelar las carencias de este tipo de comisiones y la necesidad de otorgarles solvencia si se quiere que sean eficaces. Y no podrán serlo si carecen de capacidad legal suficiente y de medios razonables para actuar en cualquier dirección en que exista materia de investigación. La experiencia acumulada en estos tiempos parece aconsejar que dichas comisiones actúen en su ámbito en términos parecidos, aunque no exactamente iguales, a como lo hace la justicia en el suyo: sesiones públicas como las del juicio oral, capacidad investigadora proporcional a la tarea encomendada y respeto de las garantías y de los derechos constitucionales que amparan a toda persona sometida a investigación.

Se ha visto también ahora que la tan traída y llevada lentitud judicial en los casos de corrupción no se produce si los poderes públicos se avienen a colaborar con la justicia como es su deber. Lo demuestran los casos de Roldán y Rubio. Y también, en sentido contrario, el caso Filesa. También ha saltado por los aires la falacia propalada en estos años de que la investigación parlamentaria de la corrupción no puede ser simultánea a la judicial: los casos de Roldán y Rubio son una demostración palmaria de que ambas pueden coexistir sin interferencias y que la parlamentaria puede servir eficazmente a la justicia. ¿Quién podría augurar hace sólo algunos meses que una comisión parlamentaria de investigación, la del caso Roldán, aportaría de inmediato a los jueces los datos presuntamente delictivos llegados a su conocimiento, y que otra, la anunciada sobre Rubio, se constituiría sin que fuera óbice para ello la correlativa actuación judicial? Normas de actuación tan elementales han sido obstinadamente bloqueadas por los socialistas en los últimos años. Que finalmente las acepten sólo redunda en beneficio del sistema democrático.