La razon como único argumento

Sin dictamen conforme del Parlamento Europeo no hay ampliación. El Tratado de Maastricht es claro al respecto. Hoy ya no existe en el Parlamento Europeo la mayoría necesaria para aprobar la adhesión de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega.Las reglas de voto impuestas al Parlamento por el tratado (voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros que componen la Asamblea), el procedimiento de voto personal sin que quepa delegación, la ausencia de disciplina de voto en los grupos políticos salvo la que cada uno concede libremente, obligan a crear un consenso sin otro argumento que la razón....

Sin dictamen conforme del Parlamento Europeo no hay ampliación. El Tratado de Maastricht es claro al respecto. Hoy ya no existe en el Parlamento Europeo la mayoría necesaria para aprobar la adhesión de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega.Las reglas de voto impuestas al Parlamento por el tratado (voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros que componen la Asamblea), el procedimiento de voto personal sin que quepa delegación, la ausencia de disciplina de voto en los grupos políticos salvo la que cada uno concede libremente, obligan a crear un consenso sin otro argumento que la razón.

Este consenso se había logrado en los principales grupos políticos del Parlamento. Los socialistas nos alegrábamos de la entrada en la Comunidad de Estados vinculados al modelo de sociedad socialdemócrata descrito no hace mucho por Jacques Delors, aliando libertad, solidaridad y protección social. De hecho, habíamos renunciado a la exigencia inicial de una reforma institucional en profundidad, condición previa a cualquier ampliación. Se puede uno preguntar hoy si no era ésa la vía de la sabiduría. Pero considerábamos las obligaciones del calendario, la necesidad de convencer a las opiniones públicas de los nuevos socios que deseábamos profundamente ver incorporarse a la Unión Europea.

Ahora bien, ese consenso se ha desintegrado. ¿Por qué se ha deteriorado la situación en unos meses? Porque los Estados miembros han renunciado a los compromisos contraídos en Maastricht y, en vez de organizar la consolidación de nuestra Unión, se dejan llevar en una labor de desmantelamiento con anterioridad insinuada y hoy claramente afirmada por el secretario general del Foreign Office.

Desde el verano pasado venimos percibiendo demasiadas señales negativas: reticencia para hacer públicos los trabajos del Consejo o para otorgar al Defensor del Pueblo europeo los medios necesarios para desempeñar sus funciones; bloqueo sobre el estatuto de las comisiones de investigación; negativa a entablar la discusión sobre el control democrático de la unión económica y monetaria o de la cooperación de las policías europeas; amenaza de poner en tela de juicio el acervo comunitario en materia de medio ambiente en aras del principio de subsidiariedad.

Desde hace unas semanas, ya no se trata de bloqueo, sino de retroceso institucional. El mantenimiento de la minoría de bloqueo de 23 votos en el Consejo dificultaría aún más la ya difícil toma de decisiones en el seno de la Unión Europea. Por su parte, el Gobierno británico ha indicado que éste era su propósito: aprovechar la ampliación para instalar una Europa más conforme a sus deseos, alejando así el espectro del federalismo. El Parlamento no puede aceptar semejante desvío.

Esta disputa no es un asunto menor. Se trata de la concepción que tenemos de la Unión Europea. ¿Seremos capaces, en las semanas o los meses venideros, de definir conjuntamente las condiciones de un querer vivir en común o, por lo menos, de esbozar una perspectiva positiva para nuestra Unión?.

Al abrir este debate, los Estados han tomado la responsabilidad de cambiar su naturaleza. En lo sucesivo, no será suficiente encontrar componendas para los unos y los otros, encontrar una fórmula ambigua que permita a Hurd salvar las apariencias y a Kohl tranquilizar a los suyos. Existe una crisis de confianza, por lo menos entre el Parlamento y los Estados miembros. No bastará con un remiendo para reconstituir una mayoría cualificada en las próximas semanas.

Se equivocan aquellos que piensan poder evitar el obstáculo parlamentario. Intentar una ratificación sin aprobación, violando así un tratado que acabamos de firmar, sería un error jurídico y una falta política. Confío en que la Comisión, guardiana de los tratados, podrá evitar un gesto que degeneraría sin la menor duda en una crisis institucional de gran envergadura.

¿Cómo restablecer la confianza? ¿Adelantando la conferencia interinstitucional prevista para 1996 y poniéndolo todo sobre la mesa? Sería, sin duda, comprometer una ampliación que consideramos necesaria, porque el tiempo apremia para los países candidatos a la adhesión. En su defecto, hay que excluir como mínimo cualquier retroceso en el proceso de toma de decisión, y además hay que exigir un claro compromiso político del Consejo sobre la necesaria reforma institucional.

En ausencia de este compromiso no habrá ampliación, porque no estamos en condiciones de obtener la mayoría necesaria en el Parlamento. Lo digo con pesar, por haber intentado con obstinación reunir, con mi grupo y en el seno de mi grupo, los votos necesarios para una ampliación que me parece deseable. Pero lo digo con firmeza: ampliación, sí; a ese precio, no.