El alcalde esgrime 5.700 alegaciones contra el traslado de la sede de la Asamblea a O'Donnell
La sede definitiva de los diputados regionales de Madrid sigue sobrevolando la ciudad sin encontrar pista de aterrizaje. A pesar de que todos los grupos políticos de la Asamblea Regional (incluido el Partido Popular) acordaron el traslado de los escaños a la maternidad de la calle de O'Donnell, el Ayuntamiento del PP continúa poniendo pegas a ese proyecto, que ha costado ya 50 millones de pesetas a la Comunidad de Madrid. Y ello pese a que fue elaborado por arquitectos de su propia plantilla. Ahora, el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, esgrime 5.700 alegaciones al hemicicl...
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La sede definitiva de los diputados regionales de Madrid sigue sobrevolando la ciudad sin encontrar pista de aterrizaje. A pesar de que todos los grupos políticos de la Asamblea Regional (incluido el Partido Popular) acordaron el traslado de los escaños a la maternidad de la calle de O'Donnell, el Ayuntamiento del PP continúa poniendo pegas a ese proyecto, que ha costado ya 50 millones de pesetas a la Comunidad de Madrid. Y ello pese a que fue elaborado por arquitectos de su propia plantilla. Ahora, el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, esgrime 5.700 alegaciones al hemiciclo de O'Donnell para frenar su construcción.Puerta de ToledoA cambio ofrece al presidente del Parlamento regional, Pedro Díez, la parte del cuartel del Conde Duque que todavía no se ha rehabilitado. Otra posibilidad que sugiere el Ayuntamiento es el centro cultural de Puerta de Toledo. Pero ninguna de las dos opciones satisface a los responsables de la Comunidad de Madrid, que, en todo caso, prefieren la antigua sede de Tabacalera en Embajadores.
El traslado a Conde Duque constituye una de las escasas posibilidades que tiene esa parte del antiguo cuartel de encontrar fondos para ser restaurada. Las obras de recuperación costarían unos 1.000 millones de pesetas y la Comunidad dispone de ese dinero para construir un nuevo edificio en O'Donnell.
La pega es que allí no quedaría sitio para las dos consejerías que la Comunidad pretendía instalar en O'Donnell. Además, se trata de un edificio histórico y habría que pedir un buen puñado de permisos a las instituciones que tienen algo que ver con la conservación de los bienes culturales. La actual sede de la Asamblea, en la calle de San Bernardo, es propiedad del Ministerio de Educación y los diputados deben abandonarla en septiembre de 1995.
El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echevarría, ha retrasado más de dos meses la autorización para volar la maternidad, pese a que el Gobierno regional ya se ha gastado cinco millones de pesetas en los trabajos previos a la demolición, que sería la más importante que se ha realizado nunca en Madrid. "Si finalmente no se aprueba la modificación del Plan General para llevar la asamblea a O'Donnell, la cosa ya no tendría remedio", arguye Echevarría.750 kilos de explosivo
El proyecto presentado hace un año para tirar el viejo hospital preveía utilizar 750 kilos de goma dos (y de un tipo más potente que el habitual), 4.000 detonadores eléctricos y 14 kilómetros de cordón detonante. Ya habían comunicado a las empresas de gas y electricidad las medidas que sería necesario tomar para evitar que la onda expansiva dañase sus conducciones. Televisión Española también debía informar si el Pirulí tiene algún elemento que puede resultar dañado en la explosión. Sin embargo el consejero de Salud, Pedro Sabando, no ha recibido ninguna comunicación de su Gobierno sobre el problema y continúa el traslado del personal de la maternidad.
"Se sacó el proyecto a información pública y se han presentado tantas alegaciones que hacen muy difícil la viabilidad de ese proyecto", explica Echeverría. Además de la oposición del personal de la maternidad, el parlamento de O'Donnell ha encontrado la reticencia de vecinos asociaciones e instituciones "Habrá que analizar las alegaciones para ver si tienen suriciente entidad", añade.
El Ayuntamiento considera que la maternidad de O'Donnell no es el mejor sitio desde el punto de vista urbanístico para ubicar la sede del Parlamento y arguye que si se traslada a una zona deprimida se ayudará a su recuperación. Urbanismo opuso toda una serie de obstáculos a la propuesta de la Comunidad hasta que finalmente aceptó modificar el Plan General de Madrid para hacer posible la mudanza. Primero fue el aparcamiento Í después las dos consejerías. El municipio cedió finalmente en otoño frente a los razonamientos de su propio partido y aceptó tanto los coches como las oficinas, a condición de que una de las dos plantas de aparcamiento (con el que se pretende rentabilizar del edificio) se destine a los residentes en la zona