Justicia e Interior buscan más garantías para trasladar presos

Los ministerios de Justicia e Interior estudian la posibilidad de introducir medidas cautelares en los transportes de presos para garantizarles un trato correcto durante los traslado y dejar sin fundamento la sospecha de malos tratos sistemáticos difundida por los entornos familiares y políticos de los reclusos de ETA.Aunque la aplicación de medidas alternativas ha sido barajada con anterioridad y responde también a otros motivos de organización, la cuestión se planteó a raíz del acuerdo adoptado a principios del verano por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.

En el acu...

Los ministerios de Justicia e Interior estudian la posibilidad de introducir medidas cautelares en los transportes de presos para garantizarles un trato correcto durante los traslado y dejar sin fundamento la sospecha de malos tratos sistemáticos difundida por los entornos familiares y políticos de los reclusos de ETA.Aunque la aplicación de medidas alternativas ha sido barajada con anterioridad y responde también a otros motivos de organización, la cuestión se planteó a raíz del acuerdo adoptado a principios del verano por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.

En el acuerdo, tras hacerse eco de una serie de denuncias de malos tratos a presos de ETA, supuestamente cometidos durante los cambios de prisión, la comisión del parlamento autonómico expuso la necesidad de establecer un mayor control.

Examen forense

En concreto, sugirió la conveniencia de que médicos forenses examinen el estado de los reclusos a la salida de la cárcel y a su ingreso en la prisión de destino para disponer de elementos de prueba en el caso de que surgieran denuncias o indicios de malos tratos.La opacidad, la ausencia de control efectivo, que se produce durante el trayecto de una prisión a otra preocupa particularmente a los responsables del Ministerio de Justicia ya que compete a ese departamento velar por la seguridad de los reclusos, también durante ese tiempo en el que los presos se encuentran en lo que la jueza Manuela Carmela ha definido como la "prisión ambulante". Algunas de las propuestas barajadas contemplan la sustitución de la Guardia Civil en el transporte y vigilancia de los presos.

También el ministro del Interior, Antoni Asunción, ha aludido a esa posibilidad, pero su idea de que el traslado de reclusos sea encomendado a un cuerpo armado de funcionarios de prisiones choca frontalmente con las posiciones de los sindicatos. Otra de las medidas preventivas barajadas consiste en que un inspector en funciones viaje en el mismo furgón en calidad de responsable.

[Un artefacto casero explosionó ayer en la entrada de una inmobiliaria de San Sebastián, donde causó leves daños materiales. Otro artefacto fue desactivado ayer junto a una Caja de Ahorros en Miranda de Ebro (Burgos), después de la Ertzaintza recibiara una llamada del diario Egin alertando del explosivo].