La objeción médica, escollo clave de la nueva despenalización
La objeción de los médicos a la interrupción del embarazo es uno de los escollos principales que tendrá que superar la futura ley que ampliará la despenalización del aborto. En la actualidad, menos del 10% de los abortos que se realizan, lo son en centros públicos, debido a esta objeción de conciencia.En los trabajos de la comisión que elabora el anteproyecto de ley, constituida en noviembre último, todavía no se ha dado solución a éste problema. Los juristas proponen fórmulas para resolverlo y exhortan al Ministerio de Sanidad para que "evite que la ley se frustre".
La vocal del Consej...
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La objeción de los médicos a la interrupción del embarazo es uno de los escollos principales que tendrá que superar la futura ley que ampliará la despenalización del aborto. En la actualidad, menos del 10% de los abortos que se realizan, lo son en centros públicos, debido a esta objeción de conciencia.En los trabajos de la comisión que elabora el anteproyecto de ley, constituida en noviembre último, todavía no se ha dado solución a éste problema. Los juristas proponen fórmulas para resolverlo y exhortan al Ministerio de Sanidad para que "evite que la ley se frustre".
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Teresa Fernández de la Vega -que en su día firmó con el entonces consejero y hoy ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, un texto favorable a la constitucionalidad de la ley de plazos-, cree que "una ley clara solucionará muchos de los problemas de la clase médica".
El Grupo de Estudios de Política Criminal, en un reciente manifiesto sobre la objeción de conciencia, propone que los centros sanitarios públicos prevean mecanismos para "garantizar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario, sin que ello comprometa el derecho de las usuarias a la práctica del aborto en los casos amparados por la ley".
Preguntada sobre las responsabilidades sanitarias en esta materia, Fernández de la Vega señala que, "dado que los abortos no suelen ser casos urgentes, sólo podrá exigirse responsabilidad en supuestos límites". En cuanto a la regulación de la objeción, apunta hacia "sistemas indirectos de regulación, como los de impedir que un médico objete la práctica de abortos y, en cambio, realice intervenciones de reproducción asistida".
Otro aspecto sobre el que miembros de la comisión que elabora el anteproyecto de ley tienen un criterio establecido es la negativa a la reclamación de algunos hombres, en su calidad de engendradores del feto, que solicitan codecidir sobre el aborto. El criterio se fundamenta en que "son las mujeres las que paren y la continuidad o no de la gestación afecta a los derechos fundamentales a su dignidad y a su propio cuerpo".
Fuentes de la comisión expresaron también su propósito de elaborar una ley "en positivo, que incremente la protección de la maternidad deseada, prevenga el embarazo de adolescentes y evite que aumente el número de abortos, mediante una adecuada planificación familiar", explicaron.