Bélgica libera a los etarras que reclama España

El Tribunal de Primera Instancia de Bélgica concedió ayer la libertad a los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz hasta que se decida si son acreedores al tratamiento de refugiados políticos. El Gobierno belga tiene hasta la una de la tarde de hoy para conceder o denegar la extradición solicitada por España. El tribunal tuvo en consideración las alegaciones de la defensa de Luis Moreno y Raquel García, en las que se afirma que las acusaciones obtenidas por la policía española fueron logradas con "malos tratos" durante el interrogatorio del presunto etarra Juan...

El Tribunal de Primera Instancia de Bélgica concedió ayer la libertad a los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz hasta que se decida si son acreedores al tratamiento de refugiados políticos. El Gobierno belga tiene hasta la una de la tarde de hoy para conceder o denegar la extradición solicitada por España. El tribunal tuvo en consideración las alegaciones de la defensa de Luis Moreno y Raquel García, en las que se afirma que las acusaciones obtenidas por la policía española fueron logradas con "malos tratos" durante el interrogatorio del presunto etarra Juan Ramón Rojo González. Luis Moreno abandonó anoche la cárcel de Saint Guilles, al tiempo que Raquel García salía del penal de Forest, ambos en Bruselas.

La decisión de la Justicia belga amenaza con empañar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se abre mañana en Bruselas, a pesar de que el Gobierno belga ha decidido recurrir la sentencia.Los jueces no se han pronunciado sobre el fondo de la cuestión: si los dos detenidos son perseguidos políticos merecedores del estatuto de asilados o bien deben ser extraditados atendiendo a la petición del Gobierno español, que les acusa de ser colaboradores de la banda terrorista y de haber ayudado a cometer cinco asesinatos y un secuestro.

Lo que han decidido es ponerles en libertad hasta que se decida esta cuestión, ya que están en prisión desde junio sin que pese contra ellos ningún cargo por delitos en territorio belga.

El abogado que representa al Ministerio de Justicia belga, Bernard Derveaux, declaró a este diario que su Gobierno recurrirá la decisión judicial, aunque admitió que la apelación tendrá sólo un efecto técnico, y no práctico, porque cuando se decida sobre ella ya estarán en libertad".

La apelación no suspende la ejecución de la decisión judicial. En caso de que el Gobierno hubiera retrasado la liberación de los detenidos, estos tendrían derecho a una indemnización individual de 50.000 francos belgas (casi 200.000 pesetas) por cada día pasado en prisión desde que se dictara la sentencia. La excarcelación de Moreno y García iba a aplazarse hasta hoy, pero finalmente se hizo efectiva anoche informa Efe.

Recurso del Gobierno

El Ministerio de Justicia ha decidido apelar esta sentencia por dos motivos. En primer lugar, para cumplir los compromisos adquiridos en su día por el ministro del Interior, Louis Tobback, y elevados de categoría la semana pasada por el primer ministro belga, Jean-Luc Dehaene, de recurrir cualquier decisión judicial que favoreciera a los etarras y que pusiera en duda el sistema democrático español. Bélgica ha querido siempre dejar muy claro que no cree en la posibilidad de que los dos presuntos etarras merezcan la consideración de asilados, pero tampoco ha querido intervenir para respetar la independencia judicial.

En segundo lugar, el Gobierno belga no quiere que el caso constituya un precedente y que cualquier activista buscado en Europa opte por refugiarse en Bélgica al amparo de la amplitud de criterios de la Comisaría Real para Refugiados Políticos.

El Tribunal de Primera Instancia ha decidido poner en libertad a los presuntos etarras porque el comisario real para Refugiados Políticos, Marc Bossuyt, admitió a trámite la solicitud de asilo político presentada por los dos presuntos etarras, detenidos en las afueras de Bruselas el 13 de junio pasado.

Aunque la admisión a trámite de la petición no significa que Bélgica los reconozca como refugiados, sí tiene un alto valor político, que, en opinión del Gobierno de Felipe González, pone en duda la legitimidad democrática de España, algo que tanto el Ejecutivo socialista como la oposición conservadora coinciden en considerar "inadmisible".

En su decisión, Bossuyt tuvo en cuenta los documentos aportados por los abogados de los presuntos etarras, en los que se incluye un certificado médico firmado por una forense española en el que se afirma que el etarra Juan Ramón Rojo González fue sometido a "malos tratos y golpes" durante los interrogatorios que siguieron a su detención en España, el 29 de enero de 1992, y que relacionó a Luis Moreno y a Raquel García con ETA "bajo los efectos de la tortura".

[Juan Ramón Rojo fue acogido el 27 de febrero del año pasado en su iglesia por el arcipreste de Irún, José Ramón Treviño, junto al etarra Ignacio Rekarte, en una acción que le costó la cárcel al sacerdote vasco.]

El caso de la detención de Rojo fue instruido por el Tribunal Central de Instrucción número 2 de Madrid, ante el cual fueron testificados por la citada doctora las acusaciones de malos tratos. El abogado del Ministerio de Justicia belga no pudo precisar si esta especialista era una médica independiente al servicio de la Justicia española o si sus servicios habían sido contratados por la defensa de Rojo.

Según Bernard Derveaux, el Tribunal de Primera Instancia belga ha tenido muy en cuenta esos argumentos de la defensa: "El juez ha aceptado esta posibilidad hasta que haya una investigación y ha preferido ser prudente y no concluir inmediatamente que no son refugiados políticos".

Riesgo de huida

Para España, la cuestión plantea dos problemas. Por un lado, la evidente posibilidad de que los dos presuntos terroristas aprovechen su puesta en libertad para desaparecer. La sentencia les obliga únicamente a inscribirse en algún municipio de la provincia de Brabante, donde fueron detenidos, y dar cuenta de ello al Ministerio de Justicia.

La otra cuestión, de mucho más calado político, es el precedente sentado por este resquicio legal, en un momento en que la Unión Europea está estudiando armonizar las leyes de asilo de los Doce con la intención de que cualquier refugiado reconocido por un país miembro lo sea automáticamente por los otros 11.

España paralizó estos trabajos en el primer Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de Justicia y Asuntos Interiores, el 29 de noviembre pasado. España bloqueó todas las decisiones y puso un voto de reserva que, según anunciaron entonces los ministros de Justicia y de Interior, Juan Alberto Belloch y Antoni Asunción, no se levantará hasta que se solucione este contencioso.