El Tratado de Unión Europea fuerza el consenso entre el Gobierno y los partidos de la oposición

La política hacia la Comunidad Europea vuelve a suscitar consensos. El presidente del Gobierno, Felipe González, expuso ayer ante el Pleno del Congreso de los Diputados lo tratado en la cumbre europea extraordinaria del viernes pasado, y todas las fuerzas de la oposición, excepto Izquierda Unida, celebraron con él al unísono la entrada en vigor, el lunes, del Tratado de Maastricht. El presidente del Partido Popular, José María Aznar, hizo incluso propuestas, parcialmente aceptadas, para preparar conjuntamente los siguientes pasos a dar en la construcción comunitaria.

"En el futuro, con ...

La política hacia la Comunidad Europea vuelve a suscitar consensos. El presidente del Gobierno, Felipe González, expuso ayer ante el Pleno del Congreso de los Diputados lo tratado en la cumbre europea extraordinaria del viernes pasado, y todas las fuerzas de la oposición, excepto Izquierda Unida, celebraron con él al unísono la entrada en vigor, el lunes, del Tratado de Maastricht. El presidente del Partido Popular, José María Aznar, hizo incluso propuestas, parcialmente aceptadas, para preparar conjuntamente los siguientes pasos a dar en la construcción comunitaria.

"En el futuro, con más perspectiva, el 1 de noviembre pasará a la historia como un momento decisivo", declaró González refiriéndose a la puesta de largo de la Unión Europea. Minutos después, Aznar destacó a su vez que, con el tiempo, ese día será considerado "como una fecha histórica", una expresión que también emplearon los portavoces de Convergéncia i Unió, Joaquim Molins, y del Partido Nacionalista Vasco, lñaki Anasagasti.La oposición lo tenía fácil. Podía haberse ensañado con un Gobierno cuyo presidente anunció que acudía a la cumbre de Bruselas con la intención de obtener para España la sede de la Agencia de Medio Ambiente o la Agencia de Evaluación de los Medicamentos. Tuvo finalmente que conformarse con dos instituciones menores: la Oficina de Marcas, con competencias ampliadas a diseño y modelos, y la Oficina de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

"Este hecho podría merecer crítica", afirmó Aznar, "pero prefiero hacer una reflexión". "Los fervores supuestamente europeístas( ... ) no se traducen en poder real dentro de la Comunidad". Tampoco los demás oradores arremetieron contra la renuncia de González, aunque los nacionalistas vascos sí pidieron que una de las dos sedes de nueva creación se instalen en su tierra.

Aznar hizo un discurso salpicado de propuestas en las que dio la impresión de compartir las preocupaciones del Ejecutivo. Recalcó, por ejemplo, que era necesario que "España pueda hacer valer su peso específico en el conjunto de la Unión" cuando ésta se amplíe a nuevos países miembros. Xabier Albistur, de Eusko Alkartasuna, advirtió incluso que el ingreso de nuevos miembros "no debe servir de coartada para convertir la Unión en un espacio de libre cambio". González dejó claro que, antes del desembarco de nuevos Estados en la Unión -Austria, Suecia, Finlandia y Noruega son candidatos a la adhesión-, "habrá que hacer algunas reformas previas". Para España, lo importante "es preservar los actuales equilibrios", es decir, no perder peso. La cumbre europea ordinaria de diciembre en Bruselas debatirá sobre la oportunidad de adaptar las instituciones a lo largo de 1994.

Concretamente, Aznar hizo dos propuestas. Pidió discutir en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la CE la aportación española, entregada el 7 de octubre, al Libro Blanco que prepara el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, sobre una estrategia de crecimiento de la competitividad y del empleo. El libro será el plato fuerte de la próxima cumbre. González replicó que sería mejor debatir el conjunto de las ideas recogidas en el Libro Blanco y no sólo las españolas.

Revisar Maastricht

La segunda proposición de Aznar tuvo más éxito. El líder popular instó al Gobierno y a los grupos parlamentarios a preparar conjuntamente la conferencia intergubernamental de 1996 que deberá revisar el Tratado de Maastricht. Los objetivos a defender consisten, según él, en fortalecer el carácter confederal de la Unión Europea, preservar el peso de España en la toma de decisiones y mejorar el control democrático de las instituciones otorgando un mayor papel a los Parlamentos nacionales. También habrá que revisar los plazos y criterios de convergencia para alcanzar la unión monetaria.

"Convendría una reflexión a nivel parlamentario" sobre estas cuestiones, reconoció González en su respuesta, y abogó a continuación por que la Comisión Mixta se reúna con una periodicidad más breve. Dio la impresión de desear un consenso sobre esta materia. Admitió también que para rematar la unión monetaria "hay ahora obstáculos que no había en el momento de la firma del tratado". Recordó que el calendario acordado prevé dos fechas para la plena unión monetaria, y que, si no se logra el objetivo en 1997, habría una segunda oportunidad en 1999.