Dos millones de personas cobran algún tipo de prestación por desempleo, un 90% más que en 1985

Casi dos millones de personas -1.926.465, exactamente- cobran algún tipo de prestación por desempleo en España. Esta cifra supone, según Europa Press, un 89,7% más que en 1985. De este colectivo, 979.664 personas cobran la prestación contributiva (conocida como el seguro de desempleo) y otros 946.801 parados perciben el subsidio asistencial, que garantiza la protección de los desempleados que se encuentran en situaciones no protegidas por el nivel contributivo, como los trabajadores que han agotado la prestación contributiva o los eventuales del régimen especial agrario de la Seguridad Soc...

Casi dos millones de personas -1.926.465, exactamente- cobran algún tipo de prestación por desempleo en España. Esta cifra supone, según Europa Press, un 89,7% más que en 1985. De este colectivo, 979.664 personas cobran la prestación contributiva (conocida como el seguro de desempleo) y otros 946.801 parados perciben el subsidio asistencial, que garantiza la protección de los desempleados que se encuentran en situaciones no protegidas por el nivel contributivo, como los trabajadores que han agotado la prestación contributiva o los eventuales del régimen especial agrario de la Seguridad Social de Andalucía y Extremadura.

El periodo medio de la protección contributiva fue en 1992 de 19,5 meses, aunque descendió hasta los 12,4 meses después de la aplicación del decreto sobre desempleo calificado por las centrales sindicales de decretazo.

El elevado déficit que acompaña a las prestaciones por desempleo es uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno para plantear su modificación en las negociaciones del pacto social con sindicatos y patronal. Éste será el aspecto más espinoso de las negociaciones que retomarán hoy los agentes sociales con el Ejecutivo, y que, en cualquier caso, se concentrarán en la revalorización de las pensiones, la inversión pública y la previsión de inflación para 1994.

La representación empresarial no participará en el debate sobre revalorización de pensiones, por entender que éste es un tema presupuestarlo que compete al Gobierno.

El Ejecutivo propone ligar tal revalorización a la inflación prevista, en lugar de a la pasada, por ser ésta una vía menos inflacionista. La propuesta del Gobierno incluye además una cláusula de revisión por si la inflación final discrepa de la previsión. Los sindicatos se han mostrado en contra de esta propuesta y pretenden acordar las subidas con el método pactado en la anterior legislatura, es decir, según la inflación pasada.