La industria minera de Portman, absuelta de contaminar la bahía durante 30 años

Un juzgado de Cartagena (Murcia) ha absuelto a cinco directivos de dos empresas mineras, Peñarroya España y Portman Golf, acusados de un presunto delito ecológico por haber vertido estériles durante 30 años en la bahía de Portman. La sentencia dice que es la Administración la que amparó los vertidos y que es ella la que debe reparar los daños.Hasta el cese de los vertidos, en marzo de 1991, Portman fue el mayor foco de contaminación del mar Mediterráneo. Las explotaciones mineras, a cielo abierto, originaban unos desechos de 7.000 toneladas al día que se vertían directamente a la bahía. Estos ...

Un juzgado de Cartagena (Murcia) ha absuelto a cinco directivos de dos empresas mineras, Peñarroya España y Portman Golf, acusados de un presunto delito ecológico por haber vertido estériles durante 30 años en la bahía de Portman. La sentencia dice que es la Administración la que amparó los vertidos y que es ella la que debe reparar los daños.Hasta el cese de los vertidos, en marzo de 1991, Portman fue el mayor foco de contaminación del mar Mediterráneo. Las explotaciones mineras, a cielo abierto, originaban unos desechos de 7.000 toneladas al día que se vertían directamente a la bahía. Estos estériles, con residuos de plomo, cadmio y cinc, colmataron la bahía y destruyeron la flora y fauna en varias millas a la redonda.

La querella fue promovida por Greenpeace, que reclama que las industrias que consiguieron plusvalías con la minería deben destinar parte de esos beneficios a la restauración de lo que destruyeron.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cartagena, estima que las empresas Peñarroya España y Portman Golf disfrutaron de concesiones administrativas, lo que incluía la autorización para los vertidos. En sus consideraciones, la juez María Ángeles Montalva dice que en otras épocas, cuando se concedió la autorización en 1957, primaba más el interés económico y laboral que el medioambiental. La sentencia considera que la responsable es la Administración y que ella debe reparar el daño ecológico.

Una portavoz de Greenpeace anunció ayer que recurrirán la sentencia, porque no acepta que se legalice la contaminación. La sentencia, afirman, pone de manifiesto la necesidad de revisar el Código Penal en lo referido al delito ecológico.