LA NUEVA LEGISLATURA

Un Jaguar en doble fila

José María Mohedano es un ciudadano responsable: el 16 de junio aparcó en doble fila, en la calle de Juan Bravo, 18, de Madrid, el Jaguar V-12 automático que solía utilizar (propiedad de una empresa del constructor José Luis Gómez-Pinto, antes Pinto Fontán).Un policía multó al reluciente vehículo (valorado en unos 10 millones de pesetas). El abogado se presentó allí cuando el agente cumplía su trabajo e incluso firmó la notificación de la denuncia. Estacionar en doble fila con conductor -dado que el denunciado acudió al momento- son 5.000 pesetas. Mohedano no se hace cargo del impuesto de lujo...

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José María Mohedano es un ciudadano responsable: el 16 de junio aparcó en doble fila, en la calle de Juan Bravo, 18, de Madrid, el Jaguar V-12 automático que solía utilizar (propiedad de una empresa del constructor José Luis Gómez-Pinto, antes Pinto Fontán).Un policía multó al reluciente vehículo (valorado en unos 10 millones de pesetas). El abogado se presentó allí cuando el agente cumplía su trabajo e incluso firmó la notificación de la denuncia. Estacionar en doble fila con conductor -dado que el denunciado acudió al momento- son 5.000 pesetas. Mohedano no se hace cargo del impuesto de lujo del coche que usa, dado que no figura a su nombre, pero sí firmó la multa.

Los habituales de la calle del Conde de Xiquena acostumbran a ver aparcado en doble fila el Jaguar M-3134-KB verde, frente al despacho de abogados del diputado, en el número 13 de la misma calle. Ello concuerda con tres denuncias que ha acumulado el coche en lo que va de año por la misma cuestión: aparcar en doble fila sin conductor, 15.000 pesetas, en Conde de Xiquena.

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El coche en el que le "han llevado a veces" al secretario del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados (según sus propias declaraciones) fue multado el 4 de mayo, el 10 del mismo mes y el 11 de junio, siempre en el mismo sitio, frente a su despacho, y siempre por el mismo motivo, según fuentes del Ayuntamiento.

Estas tres multas, que le costarían 45.000 pesetas, no han sido notificadas aún al abogado, "debido tal vez a que algunos de los datos no son correctos", según fuentes municipales. El Ayuntamiento no guarda memoria de denuncias anteriores a julio de 1992.

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