Álava aprueba unas 'vacaciones fiscales' mayores que Vizcaya y Guipúzcoa

Las llamadas vacaciones fiscales (conjunto de exenciones y ventajas para las nuevas empresas) son ya una realidad en el País Vasco al ser aprobadas ayer en Álava, el último territorio cuyo Parlamento provincial no había dado luz verde. Estas polémicas medidas, que podrían ser recurridas por la Comunidad Europea, se harán extensibles en Álava a los activos fijos, sean o no de nueva adquisición, mientras que en las otras dos provincias, el 25% de deducción en el Impuesto de Sociedades sólo será para las inversiones en activos fijos nuevos.Los socialistas han votado de manera diferente en ...

Las llamadas vacaciones fiscales (conjunto de exenciones y ventajas para las nuevas empresas) son ya una realidad en el País Vasco al ser aprobadas ayer en Álava, el último territorio cuyo Parlamento provincial no había dado luz verde. Estas polémicas medidas, que podrían ser recurridas por la Comunidad Europea, se harán extensibles en Álava a los activos fijos, sean o no de nueva adquisición, mientras que en las otras dos provincias, el 25% de deducción en el Impuesto de Sociedades sólo será para las inversiones en activos fijos nuevos.Los socialistas han votado de manera diferente en cada uno de los tres territorios de la Comunidad Autónoma. Apoyaron en Guipúzcoa, se abstuvieron en Vizcaya y han votado en contra en Álava. En esta provincia, el PNV ha tenido que pactar con Unidad Alavesa (UA) y ampliar las ventajas que ofrecen las normas forales sobre incentivos en Vizcaya y en Guipúzcoa.

El apoyo de UA que ha permitido su aprobación lleva aparejada la extensión de los beneficios fiscales a todos los activos fijos, sean o no de nueva adquisición. Se ha elevado al 20% el coeficiente de amortización de estos elementos, y en Álava será la Diputación la encargada de analizar y decidir su concesión de las exenciones fiscales. En las otras dos provincias lo hará el órgano gestor del Programa Interinstitucional de Nuevas Inversiones, (Garapen). Las vacaciones fiscales, cuya medida más criticada por los socialistas es la exención durante 10 años del impuesto de sociedades para las nuevas empresas que se creen durante los años 1993 y 1994, con domicilio fiscal en el País Vasco, fueron anunciadas a raíz del acuerdo entre el lehendakari Ardanza y las Diputaciones vascas.