Morir en Argelia

LOS TRIBUNALES especiales, instaurados en Argelia por el Alto Comité de Estado para juzgar los delitos de terrorismo, han dictado en dos días 43 penas de muerte. La gravedad de la cifra hay que situarla en un contexto aún, más preocupante: el número total de fundamentalistas condenados a la pena capital desde que se instauró el Estado de excepción, hace más de un año, se eleva ya a 112, de los cuales seis han sido, ejecutados ya. La supuesta falta de garantías procesales reiteradamente denunciadas por los abogados defensores en el último juicio o maxiproceso de Argel acrecienta los peli...

LOS TRIBUNALES especiales, instaurados en Argelia por el Alto Comité de Estado para juzgar los delitos de terrorismo, han dictado en dos días 43 penas de muerte. La gravedad de la cifra hay que situarla en un contexto aún, más preocupante: el número total de fundamentalistas condenados a la pena capital desde que se instauró el Estado de excepción, hace más de un año, se eleva ya a 112, de los cuales seis han sido, ejecutados ya. La supuesta falta de garantías procesales reiteradamente denunciadas por los abogados defensores en el último juicio o maxiproceso de Argel acrecienta los peligros de la situación y erosiona seriamente la credibilidad del proceso de reconducción democrática en la que se encuentra empeñada la presidencia de la República de Argelia.Los riesgos de una degradación política complican más si cabe el panorama, sobre todo en este momento en el que el Alto Comité de Estado pretende restablecer el diálogo con las fuerzas de la oposición en un intento de pactar la transición, de forma pacífica, hacia la democracia. Es la tercera fase del diálogo nacional con el que se desea impulsar una conferencia nacional o pacto para la reconstrucción de Argelia. El Gobierno quiere que en estas conversaciones participe el mayor número posible de organizaciones democráticas, con exclusión de los islamistas radicales.

En buena lógica política, la oposición democrática argelina empieza a preguntarse si es posible un diálogo o un pacto con el Alto Comité de Estado sin que remita la violencia y sin que se vislumbre la posibilidad de una reconciliación nacional. La respuesta a esta pregunta llegó hace pocos días, cuando un grupo de 200 intelectuales y políticos publicó en Argel una carta abierta en la que propugnaba el restablecimiento del proceso democrático y la celebración de unas elecciones generales, con una serie de condiciones previas entre las que se encuentra el cese de la violencia y la liberación de los presos de opinión. Es el principio de un movimiento cívico y social que pretende poner fin a la espiral de violencia en la que se encuentra sumida Argelia. De la habilidad política del Gobierno depende, en buena medida, reducir la tensión actual.