El PP propone actualizar en diez años los alquileres con rentas congeladas
El Partido Popular (PP) propone, en la más significativa de sus enmiendas parciales al proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos, que las viviendas con rentas congeladas actualicen el precio del alquiler en un plazo de diez años. El conjunto de las enmiendas presentadas ayer por el PP suponen, según sus propios cálculos, un recorte de los ingresos públicos de unos 20.000 millones de pesetas. Por su parte, el PSOE se limitó a presentar enmiendas técnicas a la espera de que se concrete o no el pacto sobre alquileres lanzado por el Gobierno y aceptado por toda la oposición, excepto Izquierda Un...
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El Partido Popular (PP) propone, en la más significativa de sus enmiendas parciales al proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos, que las viviendas con rentas congeladas actualicen el precio del alquiler en un plazo de diez años. El conjunto de las enmiendas presentadas ayer por el PP suponen, según sus propios cálculos, un recorte de los ingresos públicos de unos 20.000 millones de pesetas. Por su parte, el PSOE se limitó a presentar enmiendas técnicas a la espera de que se concrete o no el pacto sobre alquileres lanzado por el Gobierno y aceptado por toda la oposición, excepto Izquierda Unida.
El primer partido de la oposición presentó ayer, último día hábil, un total de 68 enmiendas parciales al proyecto de ley. De todas ellas, el bloque más destacado se refiere a la actualización de las viviendas con rentas antiguas. El PP quiere que esas rentas se actualicen en un plazo de 10 años, según explicó ayer su portavoz en el Congreso, Rodrigo Rato. La actualización consistiría en aplicar la inflación acumulada a la renta que se paga desde que se firmó el contrato. El actual proyecto de ley no recoge la actualización con efecto retroactivo, sino la aplicación del IPC correspondiente a partir de la aprobación de la ley.La propuesta del PP sería la siguiente: supongamos que un inquilino paga 1.000 pesetas mensuales y que la inflación acumulada desde que firmó el contrato inicial hasta hoy es del 100%. La nueva renta del inquilino sería de 2.000 pesetas. Sin embargo, la subida no se efectuaría en un año, sino en diez: este año la renta sería de 1.100 pesetas al año siguiente de 1.200 y así hasta que al décimo pagara 2.000 pesetas.
Dentro de esta propuesta general, el PP establece las siguientes excepciones: no se actualizarían las rentas a los inquilinos que tengan, o adquieran durante el proceso de actualización, la condición de jubilado, pensionista o rninusválido superior al 65% y no superen los tres millones de pesetas anuales de ingresos. En este supuesto, el propietario de la vivienda podría deducir en la cuota del IRPF o del Impuesto de Sociedades la diferencia entre la renta percibida y la que resultaría tras la actualización. El partido conservador, también en el ámbito fiscal, es partidario de ampliar la deducción por alquiler en el impuesto sobre la renta. El PP estima que estas dos medidas supondrían un recorte en los ingresos de Hacienda de 20.000 millones de pesetas.
Además, el partido que encabeza Jose María Aznar pide libertad de pacto para fijar el tiempo de duración del contrato, siempre y cuando se asegure cinco años como mínimo al inquilino con prórrogas año a año. En los dos supuestos, la renta sé iría incrementando con la inflación anual. El proyecto de ley apunta a una duración mínima de los contratos de cuatro años con una actualización de rentas también según la inflación.
En cuanto a los locales de negocio, el PP propone una actualización en cinco años y la extinción del contrato en 25 años a partir del último traspaso. Además, mantiene el derecho de traspaso.
Por su parte, las enmiendas del PSOE son meramente técnicas. Fuentes socialistas aseguraron que está abierta la posibilidad de incorporar nuevas enmiendas en el trámite parlamentario, una vez analizadas las del resto de los grupos.
Reducir el impacto de la nueva ley sobre las pequeñas y medianas empresas es el eje central de las enmiendas básicas de Izquierda Unida, Con vergéncia i Unió, CDS, PNV. IU es el único grupo que ha rechazado la posibilidad de pactar la futura ley.