El último viaje de un proyectil balístico

El extraño viaje del misil Cóndor desde Argentina a Estados Unidos, con escala técnica en España, sólo se entiende por el deseo del presidente argentino, Carlos Menem, de evitar la mala imagen que entrañaba entregar a Washington, aliado del Reino Unido en el conflicto de las Malvinas, el arma secreta de su Fuerza Aérea: un misil balístico capaz de transportar una cabeza de guerra de 500 kilos a 900 kilómetros; suficiente para alcanzar el disputado archipiélago.Durante la guerra del Golfo, Estados Unidos ejerció toda su capacidad de presión para forzar a las autoridades argentinas...

El extraño viaje del misil Cóndor desde Argentina a Estados Unidos, con escala técnica en España, sólo se entiende por el deseo del presidente argentino, Carlos Menem, de evitar la mala imagen que entrañaba entregar a Washington, aliado del Reino Unido en el conflicto de las Malvinas, el arma secreta de su Fuerza Aérea: un misil balístico capaz de transportar una cabeza de guerra de 500 kilos a 900 kilómetros; suficiente para alcanzar el disputado archipiélago.Durante la guerra del Golfo, Estados Unidos ejerció toda su capacidad de presión para forzar a las autoridades argentinas a cancelar un programa desarrollado conjuntamente con Egipto, del que, según algunas fuentes, se habría beneficiado también Irak, ante el riesgo de que contribuyera a la proliferación de misiles en el mundo árabe. Pese a la resistencia del Ejército argentino, Menem accedió a cancelar el programa en mayo de 1991 y solicitó el ingreso en el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM), un selecto club dirigido por Estados Unidos para impedir el acceso de países poco fiables a tecnologías de doble uso.

Menem se encontró con el problema de cómo deshacerse de los prototipos del Cóndor ya fabricados. La solución consistió en encargar la destrucción a un tercer país, España, que contara con la confianza de Washington y no ahondara en la suceptibilidad herida de los militares. Menem aprovechó la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en julio pasado, para plantear el tema a Felipe González, quien aceptó en principio la petición. Un acuerdo de cooperación entre el INTA y la argentina Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), sirvió de paraguas jurídico a la operación.