1.200 afectados de Tous reclaman una "solución política" al caso

Más de 1.200 afectados por la rotura de la presa de Tous en 1982 reclamaron ayer, durante una asamblea celebrada en Alzira (Valencia), una "solución política" para el cobro de las indemnizaciones por el desastre. Los reunidos, en un ambiente de gran tensión y crispación, decidieron no pagar los créditos que solicitaron para reparar sus casas y considerar abiertas las puertas para que se incorporen al proceso los 19.000 daminificados que quedaron excluidos de las indemnizaciones tras el juicio de 1990, que el Tribunal Supremo ahora ha anulado.Las asociaciones de damnificados presentarán hoy un ...

Más de 1.200 afectados por la rotura de la presa de Tous en 1982 reclamaron ayer, durante una asamblea celebrada en Alzira (Valencia), una "solución política" para el cobro de las indemnizaciones por el desastre. Los reunidos, en un ambiente de gran tensión y crispación, decidieron no pagar los créditos que solicitaron para reparar sus casas y considerar abiertas las puertas para que se incorporen al proceso los 19.000 daminificados que quedaron excluidos de las indemnizaciones tras el juicio de 1990, que el Tribunal Supremo ahora ha anulado.Las asociaciones de damnificados presentarán hoy un recurso de súplica ante el Supremo para intentar que reconsidere la anulación. Asimismo, representantes de los afectados se entrevistarán también hoy en Madrid con miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El recurso al Supremo de los damnificados se sustenta en que se se han valorado más los derechos de los inculpados que los de los afectados. Asimismo, en la súplica se recuerda un auto del Constitucional, dictado en 1989, en el que se estableció que uno de los ingenieros, Juan Sancho-Tello, tendría un juicio justo. Los recurrentes también aportarán varias sentencias del Supremo de las que dimana una doctrina contraria a la que ha servido para anular la vista oral.

Por su parte, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo, declaró ayer en el Congreso que el Gobierno estudiará una solución al problema planteado por la anulación del juicio. También se mostró partidario de dar "una solución lo más rápida posible" a los problemas planteados por el auto del Supremo, entre los que se refirió específicamente al pago de 10.000 millones de indemnización para 4.500 afectados que fijaba la sentencia anulada.