El tribunal que juzga un intento de soborno en Mallorca acepta pruebas grabadas
La Audiencia de Palma de Mallorca aceptó ayer como prueba incriminatoria del intento de soborno de José Miguel Campos, concejal socialista de Calviá (Mallorca), las cintas magnetofónicas aportadas por éste en la denuncia. La aceptación ha su puesto el inicio del juicio. En el mismo comparecen como acusados Miguel Deyá, responsable de Urbanismo del Partido Popular de Baleares; Andrés Bordoy, dirigente local del PP, y Guillermo Ginard, empresario inmobiliario. Campos aduce que Deyá le ofreció 100 millones de pesetas por votar a favor del candidato popular a la alcaldía. Los magistrados Guillem V...
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La Audiencia de Palma de Mallorca aceptó ayer como prueba incriminatoria del intento de soborno de José Miguel Campos, concejal socialista de Calviá (Mallorca), las cintas magnetofónicas aportadas por éste en la denuncia. La aceptación ha su puesto el inicio del juicio. En el mismo comparecen como acusados Miguel Deyá, responsable de Urbanismo del Partido Popular de Baleares; Andrés Bordoy, dirigente local del PP, y Guillermo Ginard, empresario inmobiliario. Campos aduce que Deyá le ofreció 100 millones de pesetas por votar a favor del candidato popular a la alcaldía. Los magistrados Guillem Vidal, Margarita Beltrán y Magdalena Ferraté, consideran que el edil objeto del presunto intento de compra de voto no efectuó "conculcación del secreto de las comunicaciones" ni violó la intimidad de las personas al grabar tres conversaciones con los que fueron sus interlocutores en el caso.La Audiencia rechazó las alegaciones formales de los abogados contra el secreto del sumario y la prisión ordenada en su día contra Deyà y Ginard. La defensa de los implicados, que había intentado anular las pruebas fonográficas y suspender la vista, ratificó su estrategia jurídica y política descalificatoria de las cintas tras la audición pública de las mismas. Deyà, por su parte, negó ante el tribunal que la voz de las cintas fuera la suya.
Miguel Deyáàes abogado de profesión, afiliado al PP y actualmente suspendido de militancia. Según la voz a él atribuida en las cintas de la causa, detalla, a preguntas del concejal Campos, como se pagarían los 100 millones de pesetas estipulados por abandonar el grupo del PSOE, firmar una moción de censura y apoyar la elección de un alcalde del PP en Calviá.
El fiscal solicita para Deyá y Ginard una pena de seis y ocho años de prisión, respectivamente, si la sala dictamina que cometieron un delito de sedición y cuatro y seis meses de arresto y 100 millones de multa si se consideran los hechos un delito de cohecho.