Levantada la paralización del eje de la M-40 en Monteclaro
La polémica construcción de la M-40 encuentra salidas jurídicas. La paralización de las obras durante 16 meses en un tramo que cruzaba la urbanización de lujo Monteclaro (Pozuelo de Alarcón) ha sido levantada por la Audiencia Provincial. Los vecinos reclamaban como propios unos terrenos afectados, y un juzgado de Majadahonda les dio la razón en octubre de 1991. La Audiencia revoca ahora esa sentencia tras el recurso presentado por la Comunidad, que tiene sus máquinas dispuestas a trabajar esta semana.La pelea de los vecinos de Monteclaro contra la autovía de circunvalación M-40 no ha sido para...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La polémica construcción de la M-40 encuentra salidas jurídicas. La paralización de las obras durante 16 meses en un tramo que cruzaba la urbanización de lujo Monteclaro (Pozuelo de Alarcón) ha sido levantada por la Audiencia Provincial. Los vecinos reclamaban como propios unos terrenos afectados, y un juzgado de Majadahonda les dio la razón en octubre de 1991. La Audiencia revoca ahora esa sentencia tras el recurso presentado por la Comunidad, que tiene sus máquinas dispuestas a trabajar esta semana.La pelea de los vecinos de Monteclaro contra la autovía de circunvalación M-40 no ha sido para evitar su trazado, sino para modificarlo y sacar partido de las obras. Se cuestionó -jurídicamente y a distintos niveles- la apropiación indebida de los terrenos y se criticó su enorme impacto ambiental al pasar la vía a escasos metros de los chalés.
El tramo polémico se ceñía a una banda de un kilómetro de longitud, que forma parte de los 6,5 kilómetros de un eje que unirá en el futuro la carretera de La Coruña desde El Pinar de Las Rozas con la de Castilla y la M-40. Las obras paralizadas se adjudicaron a la constructora Sacyr con un presupuesto de 2.300 millones y comenzaron en agosto de 1991. El plazo de ejecución se fijó para mediados de 1994.
De dominio público
Los vecinos, tras diversas movilizaciones, plantearon un interdicto de obra nueva para proteger "su posesión". La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda, Ana Valdemoro, ordenó el 30 de octubre la paralización de las obras. La demanda se basó en que la promotora de la urbanización (Levitt-Bosch Aymerich) había reconocido ante la Consejería de Política Territorial que "estos terrenos pertenecen a los actuales propietarios de la urbanización como elementos comunes peculiares".
La Comunidad de Madrid, con el apoyo de la constructora, planteó un recurso de apelación que fue fallado el pasado viernes 6 de febrero a su favor. La Audiencia revoca la resolución de la juez "en todos sus extremos" y alza "la suspensión de la obra".
En sus fundamentos, el fallo -sobre el que no cabe recurso ordinario- establece que "la adquisición, por la Administración, del dominio de los terrenos discutidos se produjo ope legis [por ministerio de la ley] con todas sus facultades en la fecha de aprobación del Plan [Parcial de Monteclaro, 1967] y, desde ese momento, los terrenos son y pertenecen al dominio público" sin necesidad de expropiación.
La Comunidad entiende que esta sentencia archivará otras