Los sindicatos controlarán también las regulaciones de pequeñas industrias
Los sindicatos madrileños disponen desde hoy de un mecanismo para conocer si los expedientes de regulación de empleo son objetivos o fraudulentos. Para el responsable de UGT en Madrid, José Luis Daza, este es uno de los principales avances obtenidos con el pacto por la industria, ya que beneficiará fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas donde la rescisiones de contratos no se efectúan por expedientes, sino mediante la vía del despido directo, es decir, sin información previa a los delegados sindicales.A partir de ahora, el empresario tendrá que informar a los sindicatos, a la conf...
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Los sindicatos madrileños disponen desde hoy de un mecanismo para conocer si los expedientes de regulación de empleo son objetivos o fraudulentos. Para el responsable de UGT en Madrid, José Luis Daza, este es uno de los principales avances obtenidos con el pacto por la industria, ya que beneficiará fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas donde la rescisiones de contratos no se efectúan por expedientes, sino mediante la vía del despido directo, es decir, sin información previa a los delegados sindicales.A partir de ahora, el empresario tendrá que informar a los sindicatos, a la confederación empresarial y al Gobierno regional, cada vez que pretenda ejecutar un expediente de regulación. Entonces se constituirá la comisión tripartita de seguimiento. Las pequeñas y medianas empresas abarcan, según UGT, alrededor del 65% del empleo madrileño.
El acuerdo fue rubricado ayer por el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, los sindicatos y empresarios regionales.
Los representantes sindicales coincidieron en afirmar que el acuerdo no cambiará el mundo, pero corregirá defectos y abrirá perspectivas de crecimiento. De momento, el Gobierno regional se comprometió a invertir 22.000 millones de pesetas.
El responsable de CC 00 en Madrid, Rodolfo Benito, destacó la aportación que supone este pacto en la lucha contra el llama49 "efecto frontera". Mediante este mecanismo, muchas empresas han comprado suelo industrial en Madrid, se han instalado después en Castilla-La Mancha, a pocos kilómetros de la Comunidad, y han recalificado el suelo que obtuvieron en Madrid.