"Es imposible archivar el asesinato de Budiaf"

La puerta del despacho del abogado Kamel Rezag Bara siempre está abierta. Lo estaba Ya en aquellos momentos difíciles de febrero de 1991, cuando Argelia había cerrado sus fronteras a la prensa extranjera y vivía diariamente agitada por las movilizaciones integristas. Era el ensayo general de la revuelta del mes de junio, que, propició la caída del primer ministro, Molud Hamrouche, y que colocó al borde del abismo al presidente de la República, Chadli Benyedid. Luchador infatigable de los derechos humanos, Rezag Bara estaba en primera línea. Hace pocos días, Rezag Bara, miembro de la comisión o...

La puerta del despacho del abogado Kamel Rezag Bara siempre está abierta. Lo estaba Ya en aquellos momentos difíciles de febrero de 1991, cuando Argelia había cerrado sus fronteras a la prensa extranjera y vivía diariamente agitada por las movilizaciones integristas. Era el ensayo general de la revuelta del mes de junio, que, propició la caída del primer ministro, Molud Hamrouche, y que colocó al borde del abismo al presidente de la República, Chadli Benyedid. Luchador infatigable de los derechos humanos, Rezag Bara estaba en primera línea. Hace pocos días, Rezag Bara, miembro de la comisión oficial encargada de investigar el asesinato del presidente Mohamed Budiaf, hacía públicas sus conclusiones. Aparentemente, el resultado de la encuesta oficial no podía ser más desolador.Pregunta. ¿El informe de la comisión oficial significa un carpetazo para el affaire Budiaf?

Respuesta. No. De ninguna manera. La investigación sobre el asesinato de Budiaf no ha sido archivada. Es imposible archivar un asunto de estas características. El asesinato de un jefe de Estado es un hecho de una gravedad excepcional y todo el mundo ha sentido este magnicidio como si fuera una catástrofe nacional. Pero nuestra comisión oficial de investigación, formada por decisión del Alto Comité de Estado pocos días después del atentado, no tiene ni las atribuciones ni las características de una comisión policial o judicial. Nosotros somos simplemente una comisión política, cuyo principal objetivo era demostrar que el Gobierno tiene un sincero deseo de descubrir a los responsables directos o indirectos del atentado. Nuestra misión es la de movilizar todos los cuerpos de seguridad e instituciones y garantizar que en el futuro proseguirán las investigaciones. Pero aun así, le aseguro que hemos llegado tan lejos y tan alto como hemos podido.

P. ¿Y qué han descubierto?

R. Veinte días después de constituida la comisión hicimos público nuestro primer informe, en el que pusimos en evidencia las lagunas del servicio de seguridad de la Presidencia de la República, que permitieron el atentado. Pero no nos detuvimos aquí y continuamos. Hemos seguido trabajando hasta mediados, del pasado mes de diciembre, fecha en que elaboramos un segundo informe global. En este último informe desarrollamos cinco temas: nuestro método de trabajo, las circunstancias exactas en que se desarrolló el atentado, la personalidad del autor material del hecho y el contexto político en el que se desarrollaron los hechos. También hemos abordado y profundizado en las negligencias de los servicios de seguridad, que facilitaron el atentado, aunque no hemos encontrado indicios de supuestas complicidades con el autor único de los disparos. Una parte de estas investigaciones permanecen secretas. No las hemos desvelado a la opinión pública para no interferir la encuesta judicial.

P. Los indicios, ¿dónde les han conducido?

R. Nosotros nos preguntamos: ¿a quién favorece el crimen? Para empezar, al Frente Islámico de Salvación, por razones políticas. En este sentido hay, además una carta del autor de los disparos, Lamberak Bumarafi, escrita el 27 de junio, dirigida a un amigo y encontrada en el bolsillo del magnicida, en la que trata de justificar el acto y cita al FIS. El se gundo beneficiario del asesinato es ese sector de la sociedad que podría sentirse molesto e incómodo por los proyectos de ruptura manifestados por Mohamed Budiaf.

.P. Meses atrás, como dirigente de la Liga de Defensa de los Derechos Humanos -antes de que fuera nombrado presidente del Observatorio de los Derechos Humanos-, parecía usted muy preocupado por los internamientos administrativos a . que eran sometidos los integristas en centros de seguridad del Sáhara...

R. Mire. Desde el pasado mes de febrero vivimos en Argelia en un estado de urgencia. Esta es la tercera ocasión desde 1988 en que vivimos en una situación excepcional e incierta en nuestro país. Pero nosotros somos militantes de los derechos humanos y nuestro papel es más importante en estos momentos. Yo no soy un militante de salón. Hay que implicarse en esta situación y lo continúo haciendo. Las detenciones administrativas fueron impuestas en un estado de urgencia, contradiciendo el principio jurídico de que sólo puede privarse de libertad a las personas que han cometido un delito o una falta y en base a una decisión judicial. A finales de febrero había 9.000 personas internadas Era una situación preocupante Pero en los últimos meses se ha ido mejorando. En mayo ya sólo quedaban 4.000 internados, y en octubre, 2.400. Ahora ya sólo son 1.000. Le puedo asegurar que desde el pasado mes de septiembre han cesado los internamientos administrativos.

P. Desde el pasado mes de octubre, Argelia tiene una legislación antiterrorista similar a la existente en otros países europeos. Usted es consciente de que este tipo de legislaciones es propicia a abusos.

R. Esta legislación hace poco que ha entrado en vigor y sólo se ha aplicado a un millar de personas aproximadamente. Pero, a pesar de ello, hemos constatado ya ciertas irregularidades, en su aplicación; casos en los que se ha superado el periodo de 12 días de detención provisional, falta de información a los familiares de algunos detenidos sobre el lugar donde permanecen los arrestados o actuaciones policiales carentes de mandato oficial. Hemos presentado algunos informes, cuatro o cinco, sobre supuestos malos tratos. Pero por ahora nada más. Hay que esperar el traspaso de los detenidos a la justicia para tener una visión más precisa de cómo se está aplicando la ley. Esta es una ley circunstancial. Quiero decir que es una ley que no está dentro de las coordenadas normales del país.

P. ¿Qué quiere decir con circunstancial?

R. Es una ley creada para unas circunstancias precisas. Tenemos en Argelia un grupo armado que practica el terrorismo -500 muertos, entre ellos 200 policías, se han registrado desde el pasado mes de diciembre-. Es una situación preocupante de la que no se salvan los civiles. Prueba de ello son las ejecuciones sumariales. Hay, además, una campaña de intimidación, sabotajes de las infraestructuras del país y colocación de bombas en locales públicos. El punto álgido fue el pasado 26 dé agosto, cuando estalló una bomba en el aeropuerto de Argel, matando a siete personas. Ahora las bombas estallan en las escuelas. El objetivo es desestabilizar. Crear el terror. Sobre todo en Argel y sus alrededores. Es una situación excepcional, que debe ser combatida con métodos excepcionales.