PSOE e IU imponen que la comisión del 'caso Atocha' investigue a puerta cerrada

El Partido Popular no pudo conseguir ayer que la investigación de las adjudicaciones de obras de la Comunidad de Madrid a la empresa Construcciones Atocha, supuestamente irregulares, se desarrolle con luz y taquígrafos. Los grupos del PSOE y de Izquierda Unida, que suman mayoría en la Asamblea, decidieron que la Comisión de Vigilancia de Contrataciones dictamine en secreto sus conclusiones antes de remitirlas, en el plazo de un mes, al pleno de la Cámara.Tras un`debate duro" en la Junta de Portavoces -como lo calificó Isabel Vilallonga, de IU-, el PP no llegó a demostrar "palmariamente" la...

El Partido Popular no pudo conseguir ayer que la investigación de las adjudicaciones de obras de la Comunidad de Madrid a la empresa Construcciones Atocha, supuestamente irregulares, se desarrolle con luz y taquígrafos. Los grupos del PSOE y de Izquierda Unida, que suman mayoría en la Asamblea, decidieron que la Comisión de Vigilancia de Contrataciones dictamine en secreto sus conclusiones antes de remitirlas, en el plazo de un mes, al pleno de la Cámara.Tras un`debate duro" en la Junta de Portavoces -como lo calificó Isabel Vilallonga, de IU-, el PP no llegó a demostrar "palmariamente" la existencia de indicios de delito en las contrataciones de la Comunidad con la empresa Atocha. Al menos así lo sostuvieron Vilallonga y el portavoz del PSOE Teófilo Serrano "Si hay delito, hay que comunicarlo al juez; encubrir un delito también es delito", recordó Vilallonga.El diputado popular Antonio Beteta se limitó a precisar que su grupo remitirá al fiscal los documentos de las adjudicaciones de Construcciones Atocha "cuando lo entienda procedente". Para Teófilo Serrano, "la denuncia del PP se ha desinflado, desde el punto de vista formal".

Izquierda Unida también denunció que la coalición había sido "objeto de calumnias" del PP, que dio a entender que los demás grupos de la Asamblea tenían en su poder los documentos sobre las adjudicaciones sospechosas.

Al diputado del PP Manuel Cobo, que destapó las adjudicaciones sospechosas, le corresponderá presidir la comisión de investigación. Cada seis meses se turnan al frente de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones los seis diputados que la integran, dos por cada grupo político: PP, PSOE e IU. Cobo lamentaba ayer que al ocupar la presidencia -y, por tanto, moderar los debates- tendrá más dificultades para argumentar sus denuncias. La comisión investigadora tendrá que trabajar durante las fiestas navideñas para poder entregar sus conclusiones a comienzos de febrero como muy tarde.