Ningún ministro asistió al polémico debate de la ley de Contratos, promovida como primera medida anticorrupción

La oposición acusó ayer al Gobierno de posibilitar la corrupción a través del proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El Grupo Popular, IU y el CDS entienden que el texto del Gobierno no sólo no coloca nuevas barreras para impedir las corruptelas en el inmenso campo de la contratación administrativa, sino que elimina alguna de las existentes y suaviza las sanciones que existen en la actualidad. PP, IU, CDS y el Grupo Vasco pidieron la devolución del proyecto al Gobierno. Las enmiendas a la totalidad fueron derrotadas por 110 votos a favor, 151 en contra -del Grupo Social...

La oposición acusó ayer al Gobierno de posibilitar la corrupción a través del proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El Grupo Popular, IU y el CDS entienden que el texto del Gobierno no sólo no coloca nuevas barreras para impedir las corruptelas en el inmenso campo de la contratación administrativa, sino que elimina alguna de las existentes y suaviza las sanciones que existen en la actualidad. PP, IU, CDS y el Grupo Vasco pidieron la devolución del proyecto al Gobierno. Las enmiendas a la totalidad fueron derrotadas por 110 votos a favor, 151 en contra -del Grupo Socialista- y 17 abstenciones del Grupo Catalán, que no había presentado enmienda a la totalidad, pero advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional si no se aceptan sus enmiendas al articulado que garanticen las competencias de las comunidades autónomas.El debate tuvo algunos momentos de tensión con pataleos y gritos, sobre todo, por las referencias del portavoz popular, José Manuel Otero Novas, a la ausencia de miembros del Gobierno en el debate. Otero hizo a Felipe González "máximo responsable de este monumento a la arbitrariedad". Sólo el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, acudió a la votación final, aunque tampoco asistió al debate.

José Ramón Caso, en nombre del CDS, afirmó que éste es un proyecto "que nace políticamente muerto". Caso aseguró que el proyecto "es un fracaso político porque frustra una importantísima necesidad sentida por la sociedad española que exige transparencia, control y garantías".

Otero Novas acusó al Gobierno de de situarse en los mínimos de garantía de las directivas comunitarias. En opinión de Otero, el proyecto crea incluso "nuevos agujeros" que facilitarán la corrupción. Francesc Baltasar, portavoz de IU, dijo que al proyecto le falta su dimensión política más importante: el propósito auténtico de luchar contra la corrupción.