El Tribunal Europeo, decisivo en la CE, cumple 40 años
El Tribunal Europeo, la instancia jurídica más alta dela CE, celebró el viernes último en Luxemburgo los 40 años de su fundación, como Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). "La fuerza del derecho, por la existencia del tribunal, ha sido factor decisivo para que las crisis no hundieran a la CE", dijo a EL PAÍS el catedrático de Derecho Internacional y juez español del Tribunal Europeo Gil Carlos Rodríguez Iglesias. El Tribunal de Luxemburgo es un motor de la unión europea. Necesita la gasolina de los impulsos políticos para desplegar la fuerza del derecho....
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El Tribunal Europeo, la instancia jurídica más alta dela CE, celebró el viernes último en Luxemburgo los 40 años de su fundación, como Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). "La fuerza del derecho, por la existencia del tribunal, ha sido factor decisivo para que las crisis no hundieran a la CE", dijo a EL PAÍS el catedrático de Derecho Internacional y juez español del Tribunal Europeo Gil Carlos Rodríguez Iglesias. El Tribunal de Luxemburgo es un motor de la unión europea. Necesita la gasolina de los impulsos políticos para desplegar la fuerza del derecho. Pero si otras instituciones están bajo el vendaval de la crisis, el tribunal sigue abriendo caminos a la construcción comunitaria.
El Mercado Unico que entrará en vigor el 1 de enero de 1993, por ejemplo, ha sido en buena parte obra del Tribunal, según Gil Carlos Roáríguez Iglesias. "El ciudadano puede utilizar la jurisprudencia europea ya actualmente, sin esperar para eso a que llege el el 1 de enero", señala el juez español miembro del Tribunal Europeo."EITribunal ya había consagrado las cuatro libertades de circulación (personas, bienes, servicios y capitales) que ahora se pretende perfeccionar y había dicho hace muchos años que el objetivodel Tratado de Roma era un mercado común que funcionara como un mercado interior", añade Gil Carlos Rodríguez Iglesias. El Acta única ha venido ahora a consagrarlo y completarlo".
Las normas aprobadas por la Comunidad Europea no son enunciados abstractos sin valor jurídico, sino que tienen efectos directos en cada uno de los países.
Según explica el magistrado, el Tribunal Europeo cuenta con suficiente jurisprudencia como para que los ciudadanos de los diversos países recurran en sus demandas a la jurisprudencia comunitaria y exijan incluso daños y prejuicios contra su Estado si éste no ha adaptado su legislación a la normativa comunitaria.
El 1 de enero la vida del Tribunal no va a cambiar grandemente, porque siempre se ha adelantado a lo que la Comunidad Europea iba consagrando. "Lo que sí va a aumentar es sin duda la cantidad de recurso", afirma Rodríguez Iglesias, "pues ya ha aumentado la cantidad de normas que el tribunal debe interpretar en colaboración con los distintos tribunales nacionales".
Uno de los procedimientos del Tribunal de Luxemburgo es la llamada cuestión prejudicial, o demanda interpretativa de los tribunales nacionales respecto a lo comunitario.
"Ya están increméntandose mucho las cuestiones prejudiciales, al revés de lo que sucedía al principio, que cuando llegaba una demanda de este tipo se abría una botella de champagne", indica el juez Rodríguez Iglesias.
Vías para los ciudadanos
Los particulares tienen dos vías para hacer valer los derechos contemplados por las leyes de la CE, según explica el magistrado español de la instancia europea.
"Una de esas vías consiste en recurrir ante los tribunales nacionales, y la otra es denunciar ante la Comisión Europea para instar a que presente una denuncia, tras intentar la conciliación con el Estado afectado".
En España, por ejemplo, se exigía a los extranjeros el formulario de entrada al país, hasta que un funcionario di la CE denunció a España ante la Comisión. Ésta concilió.
Contenciosos
España retiró el formulario y no fue necesario Regar al Tribunal. Tras el 1 de enero el campo de contenciosos puede aumentar; por ejemplo: adjudicaciones de obras en las que los mercados suelen estar muy cerrados, problemas de consumo, con productos europeos que ya no serán controlados en importación, irregularidades al percibir el IVA por mal funcionamiento fiscal, o la cuestión políticamente delicada de los controles de pasaportes en las fronteras, teóricamente eliminados por el Acta única que entra en plena vigencia el 1 de enero.