Bruselas plantea hoy serias objeciones al plan español de la siderurgia integral

La Comisión Europea presenta hoy en el Consejo de Ministros de Industria una detallada comunicación sobre la reestructuración de la siderurgia integral que supone un duro revés para las pretensiones españolas de obtener el acuerdo de los Doce. El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, defiende hoy la concesión de ayudas públicas al sector.La CE reitera que el plan de reconversión es viable, valiente y constructivo, y pide de nuevo que se mejore la relación entre inversiones públicas y capacidad productiva. Pero a la vez desmonta la financiación del plan, punto por punto, subrayando la ilegal...

La Comisión Europea presenta hoy en el Consejo de Ministros de Industria una detallada comunicación sobre la reestructuración de la siderurgia integral que supone un duro revés para las pretensiones españolas de obtener el acuerdo de los Doce. El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, defiende hoy la concesión de ayudas públicas al sector.La CE reitera que el plan de reconversión es viable, valiente y constructivo, y pide de nuevo que se mejore la relación entre inversiones públicas y capacidad productiva. Pero a la vez desmonta la financiación del plan, punto por punto, subrayando la ilegalidad de una buena parte de las ayudas y limitando considerablemente las condiciones en que deberán aplicarse. El plan tiene un coste de unos 4.300 millones de ecus (600.000 millones de pesetas), cuya mayor parte debe salir de ayudas públicas que requieren la autorización de los Doce.

Según el comunicado, de la Comisión, los 276.700 millones de valor nominal de las dos empresas que desaparecen (Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa) deberán considerarse finalmente ayudas públicas, en la medida en que el Estado se ha comprometido a adquirir sus acciones en caso de que no haya suficientes compradores privados.

Los costes de ayuda social (236.600 millones de pesetas destinados a jubilaciones anticipadas) son considerados también ayudas estatales. En cambio, se acepta una quinta parte de la inversión, basada en préstamos del sector privado. El Ministerio de Industria tampoco ha conseguido que se acepte como ayuda ya aprobada por la CE 60.000 millones autorizados en 1987 y no utilizados.

Las reglas que propone la Comisión para emprender la reestructuración no son las más favorables para la industria española. El ajuste deben realizarlo las propias empresas.