Solchaga culpa del aumento del gasto a las autonomías

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, responsabilizó ayer en el Senado a las comunidades autónomas de las dificultades existentes para reducir el déficit público y cumplir así con las exigencias que impone el Tratado de Maastricht. Solchaga rechazó con vehemencia las acusaciones de descontrol del gasto que le lanzaron algunos senadores y explicó que mientras el déficit de la Administración del Estado, la Seguridad Social y los organismos autónomos se había mantenido en la "senda virtuosa" del 2,5%-3,5% del PIB en los últimos tres años, el déficit de las comunidades autónomas y d...

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, responsabilizó ayer en el Senado a las comunidades autónomas de las dificultades existentes para reducir el déficit público y cumplir así con las exigencias que impone el Tratado de Maastricht. Solchaga rechazó con vehemencia las acusaciones de descontrol del gasto que le lanzaron algunos senadores y explicó que mientras el déficit de la Administración del Estado, la Seguridad Social y los organismos autónomos se había mantenido en la "senda virtuosa" del 2,5%-3,5% del PIB en los últimos tres años, el déficit de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales alcanzó el pasado año el 1,6% del PIB, lo que ha introducido "importantes dificultades en materia de convergencia".El responsable de Economía retó al representante de Convergencia i Unió a comparar "el déficit de Cataluña y el del Estado en los últimos tres años para ver quién ha descontrolado más el gasto". La referencia del crecimiento del déficit no fue la única mención de Solchaga al "comportamiento divergente" de las administraciones autónomas. Según explicó, está en condiciones de demostrar que en algunas autonomías el gasto público ha crecido hasta un 20%, y afirmó que parte de la desviación registrada en las previsiones de ingresos del Estado se debe a que las comunidades adeudan todavía al Gobierno central 300.000 millones de pesetas por retenciones del IRPF.

El ministro añadió que el Gobierno asume los errores cometidos en sus previsiones consecuencia de la mala coyuntura económica, y de ahí, dijo, que haya tomado medidas con un coste electoral indudable que demuestran "valor político". "Algunos gobiernos", añadió, "regionales o no, no lo han hecho y ya veremos cuál es el resultado".

No hay marcha atrás

Al margen de las alusiones a las comunidades autónomas, el responsable de Economía, que compareció en el Senado para responder a una interpelación sobre la crisis en los mercados financieros, aseguró que el Gobierno seguirá adelante con las medidas previstas en el Plan de Convergencia y en los plazos marcados. Matizó que algunas de esas medidas, como las referidas a la flexibilización y modernización del mercado laboral, se acelerarán para seguir atrayendo inversiones.

El Gobierno no descarta que en 1993 el número de personas que perciben prestaciones por desempleo sea inferior al previsto (1,7 millones), aunque aumente el paro. Así lo afirmó ayer en el Congreso el secretario general de Empleo, Jesús Arango, quien añadió que ya empiezan a comprobarse los efectos de las medidas de recorte aprobadas en abril.