Soto del Real exige al Gobierno que revise su política carcelaria

Representantes de las coordinadoras anticárcel de las localidades de Soto del Real (Madrid), Cogollos (Burgos), El Carplo (Córdoba), La Aljona (Cartagena) y Rojo Gallego (Zaragoza) se reunieron ayer en Madrid para exigir al Gobierno central que revise "los criterios de ubicación de los nuevos centros penitenciarios". Estas coordinadoras se han constituido frente a la intención del Gobierno de construir en cada uno de los citados términos municipales una macrocárcel capacitada para albergar hasta 2.000 presos.Los representantes de esas cinco coordinadoras redactaron al término de la reunión un ...

Representantes de las coordinadoras anticárcel de las localidades de Soto del Real (Madrid), Cogollos (Burgos), El Carplo (Córdoba), La Aljona (Cartagena) y Rojo Gallego (Zaragoza) se reunieron ayer en Madrid para exigir al Gobierno central que revise "los criterios de ubicación de los nuevos centros penitenciarios". Estas coordinadoras se han constituido frente a la intención del Gobierno de construir en cada uno de los citados términos municipales una macrocárcel capacitada para albergar hasta 2.000 presos.Los representantes de esas cinco coordinadoras redactaron al término de la reunión un manifiesto en el que reprochan al Ministerio de Justicia su actual política penitenciaria, que pretende "alejar las cárceles de los grandes centros urbanos e instalarlas en el medio rural, infradotado de servicios y muy vulnerable en su equilibrio social".

"El nuevo plan de macrocárceles ideado por el Gobierno no consigue el objetivo fundamental de cualquier política penitenciaria, cual es la reinserción social y laboral del recluso", señala el escrito.

Las coordinadoras convinieron asimismo en "utilizar todos los medios legales y recursos para frenar y evitar la implantación de estos centros en lugares que por su escaso peso electoral padecen indefensión ante intereses ajenos". También denunciaron que "la viabilidad del proyecto se fundamenta en las plusvalías sobre los solares de las cárceles en los grandes centros urbanos a costa de generar minusvalías y pérdidas de calidad de vida en el ya de por sí desfavorecido medio rural".

Los representantes de las coordinadoras aseguran que tales cárceles deben ser construidas en las ciudades, que son, sostienen, las que más directamente" se benefician de los servicios sociales más positivos, como hospitales, industrias, actividades culturales... ". Deben ser ellas, por tanto, "las que soporten los servicios negativos que supone soportar la población reclusa que se genera en su propio ámbito", señalan en el escrito las mencionadas coordinadoras anticárcel.