La inmobiliaria Vallehermoso y el grupo Alba, citados a declarar por el fraude fiscal en Alcobendas

La fiscalia de Madrid ha llamado a declarar a los representantes de las inmobiliarias Vallehermoso -una de las más importantes del país- y Arroyo Norte -de la Corporación Financiera Alba-, por presunta complicidad en una evasión de impuestos próxima a los 1.400 minones producida entre 1987 y 1990. Este supuesto fraude a la Hacienda pública se ha efectuado mediante la compraventa irregular de terrenos en la urbanización Arroyo de la Vega de Alcobendás (Madrid). Entre ambas sociedades han adquírido alrededor de 800.000 metros cuadrados urbanizables en esa zona. El fiscal entiende que la anuencia...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

La fiscalia de Madrid ha llamado a declarar a los representantes de las inmobiliarias Vallehermoso -una de las más importantes del país- y Arroyo Norte -de la Corporación Financiera Alba-, por presunta complicidad en una evasión de impuestos próxima a los 1.400 minones producida entre 1987 y 1990. Este supuesto fraude a la Hacienda pública se ha efectuado mediante la compraventa irregular de terrenos en la urbanización Arroyo de la Vega de Alcobendás (Madrid). Entre ambas sociedades han adquírido alrededor de 800.000 metros cuadrados urbanizables en esa zona. El fiscal entiende que la anuencia de ambas inmobiliarias ha hecho posible esta estafa, entre otras de menor envergadura económica.

La mecánica operativa para obtener grandes beneficios con la especulación de terrenos al estilo caso Renfe, ha sido un modus vivendi en los municipios de San Sebastián y Alcobendas (Madrid) -ambos gobernados por el PSOE- durante el último lustro, según el detalle pormenorizado de las 67 transaciones inmobiliaras que aparecen en la querella presentada por la fiscalía de Madrid por un pre-, sunto fraude fiscal global de más de 3.300 millones de pesetas.La mayoría de los querellados son vecinos de estas localidades y una decena de personas -algunas en paradero desconocido-, que han intervenido en la compraventa de terrenos mediante unas sociedades interpuestas, están también involucradas en el fraude de las facturas falsas del IVA.

Estos flecos del caso Renfe, se han puesto en evidencia en el desarrollo urbanístico de Arroyo de la Vega, un territorio de más de un millón y medio de metros cuadrados situado entre La Moraleja -una urbanización de lujo situada en las afueras de Madrid-, la variante de la N-I y el casco urbano de Alcobendas. Esta iniciativa partió de los ediles socialistas con la idea de acortar urbanísticamente la distancia fisica y política que separa a los residentes de La Moraleja de su ayuntamiento.

El principal beneficiario de la operación ha sido el propio Ayuntamiento, quien ha forzado a los propietarios a ceder para usos públicos el 30% de los solares.

La mayor parte del suelo es ahora propiedad de cuatro so-a ciedades: Youth, Faire (cuyos titulares son los hermanos Serrano Alberca, dos de los principales implicados en el llamado caso Renfe), Arroyo Norte y Vallehermoso. Las tres últimas aparecen como compradoras finales en laquerella de la fiscalía de Madrid.

En el caso de Vallehermoso, que ha permutado con Prima Inmobiliaria -participada mayoritariamente por KIO- varios solares de Arroyo de la Vega por uno junto a las torres inclinadas de la Plaza de Castilla de Madrid, la fiscalía pide que se tome declaración a sus representantes para que expliquen las facturas de varias operaciones de compra de terrenos a sociedades interpuestas en las que se han escamoteado al fisco alrededor de 1.000 millones de pesetas. Entre los citados figuran Agustín Barbón López (Procyt-Vallehermoso) y José María Martín Oviedo (Indumob-Vallehermoso), ex diputado de la desaparecida Unión de Centro Democrático (UCD) y presidente del consejo que redactó el estatuto de Radio Televisión Española.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Notaría de Clavero

En representación de Arroyo Norte, S.A, sociedad integrada en la Corporación Alba, del Grupo March, pide que se tome declaración a José Luis Goded Nadal por la complicidad en la comisión de un supuesto fraude fiscal estimado en 400 millones. Arroyo Norte disponía de más de 200.000 metros cuadrados en la zona, antes de la reparcelación. Una de sus mayores fincas (22.690 metros) fue adquirida el 14 de julio de 1989 a la Inmobiliaria Franco Española (sociedad interpuesta implicada en el fraude del IVA) el mismo día que ésta la compró a Dart Ibérica ante la misma notaría de Manuel Clavero Blanc. Dart Ibérica recibió 299.588.588 pesetas pero Arroyo Norte pagó por ella 786.400.000 pesetas.

La compraventa de esta finca figura en la querella de la fiscalía por la comisión de un presunto fraude fiscal sobre una plusvalía de 486.821.000 pesetas. En la reparcelación de Arroyo de la Vega a la inmobiliaria Arroyo Norte le han correspondido 35.884 metros cuadrados sobre los que podrá edificar viviendas, oficinas y un centro comercial donde se ubicará un hipermercado Pryca, propiedad de la Corporación Alba.

Un fraude sencillo con tres actores

El procedimiento para evadir al fisco en las transacciones de inmuebles se explica, paso a paso, en la relación de hechos expuesta por el fiscal en la querella: el propietario de un inmueble A comparece ante el notario acompañado de B, a quien le vende en escritura pú blica un inmueble por un precio X. Ese mismo día, ante el mismo notario y mediante una escritura con número de protocolo muy cercano a la primera, B vende el mismo inmueble a C por un precio notablemente superior al establecido.

Esta operación lleva implícitas dos cargas fiscales: la plusvalía generada por B, sujeta al impuesto de sociedades, más el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Ambos impuestos son los que se ahorran mediante esta práctica fraudulenta.

Las sociedades que actúan como B nunca han presentado declaración de impuesto de sociedades ni del IVA, hecho que según la fiscalía les hace incurrir en delito contra la Hacienda pública, en el caso de que las cuotas impositivas superen los cinco millones de pesetas, lo que, en Alcobendas, ha ocurrido en la totalidad de los casos investigados por el fiscal.

La fiscalía entiende que este tipo de transacciones esconden na maquinación entre el vendedor (A) y el segundo comprador (C) y B (el primer comprador) quien aparezca como sujeto del impuesto. En realidad, argumenta, B no es más que una tapadera utilizada por A que es quien percibe el importe último de la transacción. La función de B sería la de hacer desaparecer a A como sujeto pasivo del impuesto, con la anuencia de C, para evitar impuestos.

La tesis de la fiscalía se sostiene en que las empresas que hacen el papel de B son sociedades interpuestas cuyas características comunes son: carecen de domicilio fácilmente locahzable, sus administradores son los mismos, residen en domicilios diferentes al del aparente domicilio social, la mayoría no declara el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y han omitido la presentación de las declaraciones de impuestos.

Los autores directos de la defraudación a Hacienda son las personas A, las que inicialmente venden las fincas a las sociedades interpuestas, según expresa la fiscalía en los fundamentos de derecho de la querella por fraude fiscal. "Estos primeros vendedores de las fincas" -dice textualmente- "simulan una venta a las sociedades interpuestas, que a su vez las venden en una operación también irreal a los compradores finales".

Sólo así se explica, continúa el fiscal, que ante un mismo notario en igual fecha y en escrituras con protocolos muy próximos, se efectúen dos transmisiones con una diferencia de precio abismal entre una y la otra. Esta diferencia recae en manos de A, los iniciales propietarios, quienes abonan a las sociedades interpuestas una comisión por prestarse a ser testaferros de una operación en la que apenas invierten unos minutos en el despacho del notario.

Archivado En