Volver a empezar

POCAS VECES los responsables políticos han hecho mayores y más difíciles equilibrios semánticos para encubrir una realidad: los sacrificios a que se verá sometida la gran mayoría de los ciudadanos españoles, y más concretamente los perceptores de rentas del trabajo. Este encubrimiento suscita además la irritación de que, a estas alturas del problema, nadie ha dado la cara ni explicado todo lo didácticamente que sea necesario los porqués de haber pasado de una coyuntura de relativa bonanza a otra catastrófica, sin solución de continuidad. ¿Es que no hay responsabilidad política alguna en los er...

POCAS VECES los responsables políticos han hecho mayores y más difíciles equilibrios semánticos para encubrir una realidad: los sacrificios a que se verá sometida la gran mayoría de los ciudadanos españoles, y más concretamente los perceptores de rentas del trabajo. Este encubrimiento suscita además la irritación de que, a estas alturas del problema, nadie ha dado la cara ni explicado todo lo didácticamente que sea necesario los porqués de haber pasado de una coyuntura de relativa bonanza a otra catastrófica, sin solución de continuidad. ¿Es que no hay responsabilidad política alguna en los errores? La ciencia económica tiene muchas fallas, pero los ciclos, las recuperaciones y las recesiones no llegan porque sí, como si el cielo expresase su voluntad de cambios repentinos.El punto de partida se sitúa en la entrada en vigor del decreto ley de medidas económicas aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros extraordinario. La sustancial pérdida de renta disponible no sólo tendrá su origen en la mayor imposición sobre el consumo -aumento del tipo medio del IVA del 13% al 15%-, ni del correspondiente a las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas; sobre todo, y más sorprendentemente, los asalariados verán incrementada la tarifa media aplicable sobre las mismas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Hablamos de algo más, efectivamente, que de meros esfuerzos: duros sacrificios, en aras de un propósito de saneamiento de las finanzas públicas que el contribuyente contempla cada vez con más escepticismo que convencimiento en la utilidad de la.renuncia.

Complicada pedagogía la articulada en tomo a esa tenaz diferencia, tan ociosa como falaz, entre esfuerzo y sacrificio que ha mantenido el Gobierno para explicar la necesidad de asumir unas condiciones de vida peores que las del pasado. Una complejidad condicionada no sólo por la necesaria convergencia que exige la incorporación de la economía española a la unión económica y monetaria, sino por los errores en la administración de las finanzas públicas.

Al contribuyente español no le faltan razones en las que alimentar ese mayúsculo enfado al observar que el peso de ese ajuste, de esa terapia de choque arbitrada por el Gobierno, no sólo recae en gran medida sobre su renta, sino que en modo alguno garantiza el definitivo saneamiento de la Hacienda. El sacrificio puede ser poco menos que baldío si el Gobierno no actúa además sobre los factores que han conducido al actual desequilibrio entre gastos e ingresos públicos. Una brecha que, lejos de mejorar la oferta y calidad de los servicios públicos, o de atenuar los efectos desaceleradores del ciclo económico, contribuye manifiestamente al deterioro de este último.

Como ha anticipado el ministro de Economía, tras la aplicación de esas medidas no cabe esperar una alteración en la desaceleración del crecimiento de la economía, y mucho menos una corrección de las actuales tensiones inflacionistas. Por el contrario, la tasa de crecimiento prevista quedará por debajo del 2%, al tiempo que se constata la dificultad para terminar el año con una tasa de inflación inferior al 7%. Condiciones ambas poco propiciadoras de, la inversión y, en consecuencia, de la creación de empleo, también revisada de forma significativa a la baja.

La economía española se enfrenta en esta segunda mitad del emblemático año de 1992 a unas evidentes dificultades, tanto internas como internacionales. La duda es saber si las medidas adoptadas son adecuadas y suficientes para resolver sus problemas. La ausencia de planes específicos contra el fraude fiscal en sus distintas manifestaciones, de la aplicación de las reformas estructurales pendientes, de la definitiva racionalización de la Administración pública o de la privatización de algunas empresas públicas no permite confiar en que el ajuste propuesto extienda su pretendida eficacia a un horizonte más allá del que impone la liquidación del actual presupuesto.

Sabemos ya que el acercamiento a los niveles de bienestar comunitarios queda emplazado para después de 1994, pero no ocurre otro tanto con el tipo de actuaciones que el Gobierno vaya a llevar a cabo en el resto de la legislatura para garantizar que una situación como la que caracteriza hoy a la Hacienda pública no vuelva a repetirse; también desconocemos las nuevas líneas en las que se fundamenta la revisión de la estrategia de convergencia: las vías de eliminación de aquellos obstáculos que de forma recurrente nos obligan a volver a empezar. En esas otras actuaciones, más allá de las ahora propuestas para salir del paso, se ha de fundamentar la recuperación de esa credibilidad cuestionada no sólo en los mercados financieros, sino, más importante, por esos contribuyentes a los que hoy se reclama algo más que un esfuerzo.

Mientras tanto, a la oposición sólo se le ocurre pedir el adelanto de las elecciones o la moción de confianza, mientras que sus alternativas concretas permanecen inéditas: ¿más o menos impuestos?, ¿qué gastos recortar?, ¿sobra o falta terapia de ajuste? Y sobre todo, ¿adónde quieren dirigirnos?