Batalla legal a tres bandas en el "caso Ibercorp"

Los abogados del grupo Ibercorp intentan evitar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) les sancione por manipular el valor de las acciones de Sistemas Financieros (SF), porque ese expediente podría utilizarse como prueba penal por un supuesto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. El equipo jurídico de Ramón Hermosilla, que se ocupa de la defensa penal y administrativa de los principales accionistas, lleva varias semanas de intensas gestiones con los instructores de la CNMV, por los 12 expedientes abiertos contra el grupo y sus principales responsables.
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Los abogados del grupo Ibercorp intentan evitar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) les sancione por manipular el valor de las acciones de Sistemas Financieros (SF), porque ese expediente podría utilizarse como prueba penal por un supuesto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. El equipo jurídico de Ramón Hermosilla, que se ocupa de la defensa penal y administrativa de los principales accionistas, lleva varias semanas de intensas gestiones con los instructores de la CNMV, por los 12 expedientes abiertos contra el grupo y sus principales responsables.

El caso Ibercorp discurre en estos momentos por tres frentes, que teóricamente van por direcciones diferentes, pero que en la práctica tienen una estrecha vinculación. De hecho, la titular del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, María Paz Redondo, que instruye el proceso penal por las tres querellas presentadas por otros tantos abogados, está trabajando con la documentación que le ha suministrado la CNMV, al igual que el juez reponsable de la suspensión de pagos del Banco Ibercorp, José Ignacio del Riego, apoyado por los funcionarios del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGD).Los 12 expedientes abiertos por la CNMV siguen sus trámites, a ritmos muy diferentes, aunque la primera remesa de información enviada a la juez María Paz Redondo está siendo utilizada en los interrogatorios de los inculpados y parece haber centrado la investigación judicial. De las acusaciones en que se sustentan las diversas querellas presentadas -estafa, apropiación indebida, violación de secretos oficiales, uso indebido de información privilegiada, falsedad en documento público y maquinación para alterar el precio de las cosas-, son éstas dos últimas las que centran las averiguaciones del juzgado 21.

Fuentes jurídicas explicaron que de los interrogatorios realizados hasta la fecha se deduce que la juez intenta aclarar si los accionistas mayoritarios del grupo -Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo- maquinaron para alterar el precio de las acciones de Sistemas Financieros, el Banco Ibercorp o el Grupo Financiero Ibercorp y si las listas incompletas y retocadas de vendedores de títulos de Sistemas Financieros suponen un a falsedad de documento público o mercantil y quiénes son los responsables.

En busca de pruebas

En ambos casos, la vía penal se sustenta sobre los primeros informes remitidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los expedientes abiertos, cuyas conclusiones podrían convertirse en pruebas futuras en el proceso. Por eso precisamente, Ramón Hermosilla y su equipo de abogados están realizando intensas gestiones ante la Comisión de Valores para evitar que sus conclusiones sean demasiado drásticas.

Caso de que la juez entendiera que existió maquinación para alterar el precio de las cosas, deberá remitir el sumario a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Miguel Moreiras, a quien compete ese tipo de delitos. El juez Moreiras instruye los sumarios del Banco Europeo de Finanzas, Renfe, facturas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y Banco Santander, entre otros.

De los doce expedientes abiertos por la CNMV, el primero -por obstrucción de la actividad inspectora de la Comisión a la hora de obtener información- está casi terminado e implicará una o varias sanciones muy graves. Fuentes de este organismo indicaron, sin embargo, que es posible que el cierre de esta causa no se realice formalmente hasta que no hayan concluido los once restantes -probablemente en septiembre-, para que las sanciones se impongan de forma conjunta, dependiendo del número total y el carácter de las infracciones.

El resto de los expedientes intentan aclarar la supuesta manipulación del valor de las acciones de SF, la mala información sobre la autocartera de la sociedad, la información errónea de participaciones significativas y si hubo discriminación de unos clientes frente a otros. Hay además un expediente de la Dirección General del Tesoro sobre una supuesta vulneración de los límites de autocartera. El instructor de la CNMV ha recibido ya los pliegos de descargo de los acusados, mientras sigue tomando declaración a inculpados y testigos.