El Parlamento Europeo, dispuesto a aprobar el salario social antes de 1993

El Parlamento Europeo podría aprobar antes de 1993 el establecimiento de una carta de prestaciones mínimas para todos los ciudadanos europeos, según avanzó ayer - Jordi Estivil, miembro de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Programa Pobreza-3 de la CE. Esta resolución pretende garantizar una renta mínima (salario social), la asistencia sanitaria, la educación y la vivienda.

Aunque el Parlamento Europeo carece de capacidad ejecutiva, Estivil considera decisivo su respaldo a la iniciativa. "A medio plazo la presión moral del Parlamento puede obligar a la Comisión, Europea a p...

El Parlamento Europeo podría aprobar antes de 1993 el establecimiento de una carta de prestaciones mínimas para todos los ciudadanos europeos, según avanzó ayer - Jordi Estivil, miembro de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Programa Pobreza-3 de la CE. Esta resolución pretende garantizar una renta mínima (salario social), la asistencia sanitaria, la educación y la vivienda.

Aunque el Parlamento Europeo carece de capacidad ejecutiva, Estivil considera decisivo su respaldo a la iniciativa. "A medio plazo la presión moral del Parlamento puede obligar a la Comisión, Europea a presentar esta resolución al Consejo de Ministros". Estivil participa en un grupo de trabajo español que ayer se reunió por primera vez en Madrid para diseñar estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa.

"Hemos visto la conveniencia de informar a la opinión pública que desde Europa se están produciendo una serie de cambios que nos van a influir en la vida cotidiana, como también de crear un núcleo abierto de debate sobre ello en España", explicó.,

Los cambios están ligados a la inminente unión económica y monetaria de los países de la CE. Los riesgos de exclusión y pobreza que puede acarrear para casi 50 millones de europeos, se pretenden contrarrestar en el seno de la CE con propuestas como la redacción de una Carta de los Derechos Sociales, la armonización de los respectivos modelos de Seguridad Social y la inclusión del concepto de exclusión entre los criterios de reparto de los fondos estructurales. De esta forma, los Estados beneficiarios de los mismos tendrían que invertirlos en los grupos más necesitados.