Solo tres personas plasmaron sus denuncias en lo que va de año

La Delegación del Gobierno en Madrid ha tramitado tres denuncias en materia del derecho de admisión en lo que va de año. Desde la presentación de la campaña contra la discriminación en los locales públicos, el pasado 20 de mayo, no se ha recibido ninguna. La Comunidad de Madrid y la Unión de Consumidores de España animan a los jóvenes a tomar un papel activo. Sus recomendaciones, sin embargo, chocan con la cruda realidad: la indefinición de la normativa y las dificultades para probar una denuncia desaniman a los interesados.

La campaña contra los abusos del derecho de admisión en locale...

La Delegación del Gobierno en Madrid ha tramitado tres denuncias en materia del derecho de admisión en lo que va de año. Desde la presentación de la campaña contra la discriminación en los locales públicos, el pasado 20 de mayo, no se ha recibido ninguna. La Comunidad de Madrid y la Unión de Consumidores de España animan a los jóvenes a tomar un papel activo. Sus recomendaciones, sin embargo, chocan con la cruda realidad: la indefinición de la normativa y las dificultades para probar una denuncia desaniman a los interesados.

La campaña contra los abusos del derecho de admisión en locales públicos ha sido bien acogida por la Delegación. del Gobierno en Madrid. Se trata, dicen, de que los ciudadanos conozcan las normas y se eviten los desórdenes públicos. Los empresarios están de acuerdo, aunque acusan a la campaña de "deformar" en lugar de "informar".El derecho de admisión está reconocido en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Para ejercitarlo, el local debe especificar en un cartel los requisitos de acceso.

Si no es así, o si el portero del local incumple lo escrito, la Comunidad de Madrid recomienda pedir la hoja de reclamaciones. Aquí empiezan los problemas. ¿Tienen derecho a las hojas de reclamaciones aquellas personas que no han accedido al local? La ley no es clara. Por eso, la Delegación del Gobierno ha pedido al Ministerio del Interior un dictamen, que aún no se ha producido. Entre tanto, el afectado puede clamar en el desierto.

"Las hojas fueron concebidas para reclamar aspectos en materia turística, como precios o calidad del servicio. Las reparte la Dirección General de Turismo con cuentagotas, y es a ellos a quienes vuelve, aunque luego seamos nosotros quienes llevamos el asunto", explican desde la Delegación del Gobierno.

Sin valor probatorio

Las hojas de reclamación, añaden estas fuentes, no tienen carácter probatorio. "Cualquier denuncia vale tanto como ellas: las que se han hecho a través de la policía o las enviadas a la propia delegación".

Para los empresarios, el punto está claro. "No se puede dar una hoja de reclamaciones a una persona que pasa por la calle", explica Juan Antonio Fernández, portavoz de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Madrid. "Si hay problemas, las denuncias son efectivas".

La intervención policial también plantea dificultades. Los criterios de admisión son muy laxos, y los agentes pueden, todo lo más, redactar un informe. Para la Comunidad de Madrid, esto es importante. El punto de vista de la Delegación del Gobierno es distinto. "Lo que nos preocupa son los incidentes de orden público. Sólo si la cosa adquiere un carácter más dramático hay que llamar a la policía".

Los abusos del derecho de admisión suelen ser difíciles de probar. "Es la palabra del cliente contra la del empresario. Un establecimiento con varias denuncias es una buena pista", dicen en la delegación. La aplicación de la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana (ley Corcuera) en esta materia puede acarrear el cierre del local si se acumulan tres sanciones leves.

Para la Unión de Consumidores de España, la campaña es un primer paso. Aún quedan aspectos importantes en el tintero. "Los locales que ejercen el derecho de admisión se anuncian en las guías junto a locales de libre acceso. Creemos que esto es competencia desleal", explica Antonio Agúndez, abogado de la UCE. "Queremos también que se identifique a los porteros de los locales. Muchas veces no tienen contrato laboral, y en caso de problemas han desaparecido y no se han podido ejercer acciones penales".