El alcalde de Guadalajara y altos cargos de Pemex, acusados de la catástrofe

El presidente Carlos Salinas se salió ayer con la suya, y cuando aún faltaba una hora para que expirara el plazo de su advertencia sobre el esclarecimiento del origen y los culpables de la catástrofe de Guadalajara tenía ya sobre su mesa las cabezas de los primeros 11 responsables. Entre ellos se encontraba el alcalde de la ciudad, Enrique Dau, y cuatro altos directivos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), causante del escape de gasolina que originó la cadena de explosiones que posteriormente convirtió parcialmente a Guadalajara en una montaña de escombros y cadáveres.

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El presidente Carlos Salinas se salió ayer con la suya, y cuando aún faltaba una hora para que expirara el plazo de su advertencia sobre el esclarecimiento del origen y los culpables de la catástrofe de Guadalajara tenía ya sobre su mesa las cabezas de los primeros 11 responsables. Entre ellos se encontraba el alcalde de la ciudad, Enrique Dau, y cuatro altos directivos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), causante del escape de gasolina que originó la cadena de explosiones que posteriormente convirtió parcialmente a Guadalajara en una montaña de escombros y cadáveres.

La investigación del procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, reveló ayer que Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México, ha estado viviendo estos últimos años sobre un polvorín, con un sistema de alcantarillado obsoleto, construido tiempos atrás en la desidia, donde convergen, se cruzan o se juntan oleoductos de gasolina, canalizaciones de agua potable y desagües industriales, con la consiguiente acumulación bajo tierra de todo tipo de gases tóxicos y materias inflamables. Todo esto ha estado en el origen de la catástrofe del miércoles. La infraestructura subterránea de la factoría de La Nogalera, enclavada en la populosa zona de La Reforma de Guadalajara, sufrió una fisura provocada por la corrosión del oleoducto por el que circula la gasolina. Este oleoducto, que va paralelo al agua potable, provocó una filtración que se extendió a la red del suministro. El contacto de la gasolina con toda una serie de gases acumulados por las industrias locales en el subsuelo, entre ellos hexano, creaban las condiciones propicias para la explosión. Sólo una cerilla encendida o cualquier otra fuente generadora de calor bastaba para que todo saltara por los aires.

Y eso fue lo que sucedió, según reveló ayer Morales Lechuga. Pero lo más grave fue que los vecinos, alertados por el olor a gasolina, acudieron a las autoridades temiendo que pudiera sucediera lo peor. Era el martes 22, casi 21 horas antes de que una cadena de cinco explosiones desarrolladas entre las 10.06 y las 14.20, hiciera saltar por los aires varios kilómetros de calles y un sinfin de manzanas, arrasándolo todo. El resultado final: más de 200 muertos, 1.470 heridos, 1.124 casas destruidas, 450 comercios perdidos, 600 vehículos destrozados y 100 escuelas, afortunadamente desocupadas por ser periodo de vacación escolar, reducidas a escombros.

Morales señaló con el dedo a 11 personas, entre servidores públicos, responsables de Pemex, funcionarios del servicio de agua y alcantarillado y directivos de empresas relacionadas con las obras del subsuelo. A la mayoría les acusa de homicidio por imprudencia, omisión y negligencia y, pese a que oficialmente no figuran como detenidos, sí se ha dicho que deberán enfrentarse en las próximas horas a la acción de la justicia.

Servidores públicos

Los dos servidores públicos incluidos en la relación de culpables son el alcalde Enrique Dau y el secretario de Desarrollo Urbano y Rural del Gobierno de Jalisco, Aristeo Mejías. Ambos, según explicó Morales Lechuga, pudieron haber evitado la catástrofe ordenando la evacuación de los vecinos cuando por éstos fueron alertados de la gravedad del suceso, pero no lo hicieron y ni siquiera dieron traslado a otras autoridades superiores de la emergencia. Además de estos altos funcionarios han sido acusados Jaime González Hernández y Guillermo González Padilla, los dos máximos directivos de la empresa local Maquinarias y Materiales Recuperables, responsable del mantenimiento del alcantarillado público de la ciudad. Otros tres encausados son el jefe del Servicio Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y sus subordinados.