Administración única

EL PRESIDENTE de la Xunta gallega, Manuel Fraga, ha removido el debate sobre el desarrollo constitucional al lanzar una propuesta de administración única en las comunidades históricas, que recoge -bajo un lema de impacto- anteriores propuestas formuladas por el nacionalismo catalán de Jordi Pujol.La presentación de la propuesta como una vía para "refundar el Estado" -término utilizado también por Pujol- constituye un exceso de grandilocuencia que no contribuye a aclarar su alcance. La propuesta se enmarca en la Constitución: así la presentan quienes la formulan. Se postula entonces un d...

EL PRESIDENTE de la Xunta gallega, Manuel Fraga, ha removido el debate sobre el desarrollo constitucional al lanzar una propuesta de administración única en las comunidades históricas, que recoge -bajo un lema de impacto- anteriores propuestas formuladas por el nacionalismo catalán de Jordi Pujol.La presentación de la propuesta como una vía para "refundar el Estado" -término utilizado también por Pujol- constituye un exceso de grandilocuencia que no contribuye a aclarar su alcance. La propuesta se enmarca en la Constitución: así la presentan quienes la formulan. Se postula entonces un desarrollo más ambicioso del título VIII de la Carta Magna (que Fraga precisamente tantas veces denigró), no su sustitución, ni siquiera su modificación sustancial. Y eso nada Oene que ver con refundar el Estado. El Estado se refundó mediante el diseño democrático y autonómico que culminó y se plasmó en la Constitución de 1978. La precisión terminológica es exigible por razones de racionalidad político-jurídica y porque los excesos verbalistas contribuyen a menoscabar el clima de cooperación y lealtad que debe presidir el desarrollo autonómico.

El lema de única oscurece el protagonismo de la Administración local. Si Fraga, acertadamente, propone la descentralización autonómica hacia abajo, transfiriendo competencias a su vez a los municipios -principio de subsidiariedad-, otras experiencias son contrarias a esta idea. Lo es el inquietante intento de absorción por la Generalitat de Cataluña de la

vida municipal a través de unos consejos comarcales del todo inútiles. Tampoco es constructivo limitar la fórmula a las autonomías históricas, en vez de a cuantas, habiendo asumido correctamente la plenitud de sus competencias, estén en disposición y voluntad de ampliar su marco de actuación.

Es saludable el deseo de simplificación administrativa y de evitar duplicidades innecesarias. Y pese a la reacción nerviosa de algún representante del Gobierno central, puede enmarcarse perfectamente dentro de la Constitución. Ello es así tanto en la versión de Fraga, que se remite al artículo 150.2 de la Carta Magna ("el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal"), como en la versión de Pujol, que reclama una reducción al mínimo de la Administración periférica.

La simplificación debe suponer, como hemos venido reclamando, el replanteamiento de la figura del gobernador civil y la desaparición de numerosas delegaciones ministeriales y o.ficinas duplicadas. Así funcionan Estados eficientes, especialmente algunos de estructura federal, como Alemania.

Sin embargo, lo que en estos países se conoce como lealtadJederal, y que en el nuestro equivale a la imprescindible cooperación constitucional, es una relación de ¡da y vuelta. Por un lado, conviene la máxima descentralizac'Ión. Por otro, la máxima cooperación. Este problema no se resuelve con declaraciones de buena fe ni apelando a la historia de compromiso constitucional de-los nacionalismos. Requiere mecanismos similares a los establecidos en los países federales. Por ello resulta preocupante la negativa inicial de CiU y del PNV a participar en las conferencias sectoriales ideadaspara el pacto autonón-úco: su propuesta de establecer relaciones bilaterales no es extemporánea, pero sí insuficiente. Experiencias fructíferas como la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está alumbrando la reforma del sistema de financiación autonómica, no deben echarse en saco roto. Además, el impulso europeo reclama esta cooperación: la convergencia pactada en Maastricht exige un control del déficit público que no puede abordar el Gobierno central en solitario. El control paccionado debe acabar también con el desbocamiento de los gastos publicitarios de ciertas autonomías o de las televisiones públicas, la central y las autonómicas.

En resumen: simplificación, sí; cooperación, también. Sin ambos elementos no hay eficiencia posible. Pero la viabilidad del doble compromiso será dificil sin profundos pactos políticos y nuevas alianzas gubernamentales en los distintos niveles.

Fraga pretende seguramente recomponer puentes con los nacionalismos históricos tratando de sustraerlos a su cada vez más estrecha colaboración con el Gobierno socialista. Su fórmula, es una plataforma para reafirmar su posición en el seno del Partido Popular -al que ha cogido desprevenido- y, aún más, para preparar futuras operaciones de protagonismo. E introduce un factor de replanteamiento en la profundización autonómica auspiciada con acierto por el Gobierno socialista... Todo eso constituyen problemas, ciertamente, pero que no deben provocar un carpetazo a los elementos positivos de la propuesta.