El Gobierno rechazará acusaciones de corrupción y sólo piensa admitir "hechos aislados"

El presidente del Gobierno, Felipe González, afrontó el último debate del estado de la nación cuando todavía resonaban los ecos de la dimisión de su vicepresidente, Alfonso Guerra, tras las irregularidades cometidas por su hermano Juan. Un año después, la política institucional se encuentra envuelta en sombras de sospechas de uso indebido de caudales públicos y de enriquecimiento irregular de particulares próximos a personajes en el poder. El Gobierno sostiene que los casos de corrupción son aislados, mientras que la oposición conservadora acusa a los socialistas de favorecer la cultura del en...

El presidente del Gobierno, Felipe González, afrontó el último debate del estado de la nación cuando todavía resonaban los ecos de la dimisión de su vicepresidente, Alfonso Guerra, tras las irregularidades cometidas por su hermano Juan. Un año después, la política institucional se encuentra envuelta en sombras de sospechas de uso indebido de caudales públicos y de enriquecimiento irregular de particulares próximos a personajes en el poder. El Gobierno sostiene que los casos de corrupción son aislados, mientras que la oposición conservadora acusa a los socialistas de favorecer la cultura del enriquecimiento fácil.

, Cuando González suba el próximo martes a la tribuna de oradores se expondrá a que la oposición le recuerde que en sólo 12 meses han estallado los casos de Filesa, Renfe e Ibercorp. Como réplica, el jefe del Ejecutivo no se defenderá, sino que recriminará a quienes, con la extensión de sus sospechas, quiebran, según él, el respeto a las instituciones. González ha esgrimido, una y otra vez, el peligro de empañar la imagen internacional de España, un argumento que la oposición conservadora considera un ardid para no asumir responsabilidades políticas.En todo caso, el Gobierno ya ha tenido que conceder la dimisión como ministro de Sanidad del ex presidente de Renfe Julián García Valverde. Un acontecimiento inimaginable hace tan sólo tres años para quienes alardeaban de que su ética y honestidad eran un patrimonio intacto. Ahora, acosados por la presión pública, sustentan su honorabilidad en asegurar que todos los casos que se descubran serán investigados hasta las últimas consecuencias. No obstante, el hecho de que la mayor parte de los casos denunciados no tengan tipificación ya que habitualmente se trata de conductas éticamente reprobables, las conclusiones frustran las expectativas de la oposición.

En estos momentos, los escándalos más llamativos están pendientes de la actuación de órganos jurisdiccionales: el caso Filesa, a la espera del informe del Tribunal de Cuentas; el caso Renfe, a la espera del informe del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía General del Estado; y el caso Ibercorp, sujeto a la investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

También se encuentran pendientes de que concluya el proceso judicial varios escándalos que han salpicado al Partido Popular: el caso Naseiro, el caso Hormaechea, el juicio de la construcción de Burgos y el presunto intento de soborno de un concejal de Calvià (Mallorca) para arrebatar la alcaldía al PSOE.

Los socialistas han encontrado la comprensión de los nacionalistas vascos y catalanes para someter a todo tipo de cautelas las investigaciones de presuntas irregularidades.

Comprensión entre gobiernos

Como contrapartida, el PSOE ha tenido un comportamiento similar en los respectivos parlamentos autonómicos cuando CiU o el PNV han sido objeto de acusaciones de la misma índole.

Convergència se ha visto acusada de captar fondos de Casinos de Cataluña por vía de su presidente, Arturo Suqué. Sobre el PNV pesa la sospecha de haber concedido licencias ilegales para el funcionamiento de unas 2.500 tragaperras.

El Partido Popular ha convertido la acusación de corrupción en una de sus banderas de ataque al Gobierno socialista, y forma parte de su estrategia no abandonarla hasta el final de la legislatura. El Gobierno, por su parte, rechaza toda generalización y reprocha al PP que con sus denuncias sin matices daña al sistema democrático y en el caso Ibercorp socava la confianza en el sistema financiero.

El ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, subrayaba recientemente que "la corrupción no se encuentra entre los principales problemas que tiene el país".

Zapatero transmitió la doctrina oficial del PSOE al respecto: "En España, como en cualquier otro país, pueden existir comportamientos irregulares dentro de las administraciones públicas pero cuando un Estado tiene mecanismos de corrección de estos comportamientos y se aplican, no se puede decir que sea el principal problema del país".

Por el contrario, el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, ha declarado a Europa Press que "es evidente que la corrupción ha aumentado y se ha hecho más visible".

Dinero para el partido

Fraga reconoció que una de las áreas en las que germina la corrupción es la financiación de los partidos. "Si las instrucciones son levantar dinero para el partido, al final no se sabe quién tiene el dinero y a quién da cuentas", advirtió Fraga. Tras recomendar una reducción de los gastos electorales, el presidente fundador del PP manifestó: "Al tema de la financiación de los partidos hay que ponerle coto, y no decir que de este asunto no se puede hablar".

Para dar una idea de lo que va a ser la intervención del presidente del PP, José María Aznar, el partido ha emitido un comunicado advirtiendo al jefe del Ejecutivo que le van a forzar a hablar "de los verdaderos problemas de España", y entre ellos resaltan "el clima de corrupción". "La cultura del enriquecimiento fácil e inmediato extendida por los socialistas en sus años de gobierno ha hecho aguas entre sus propias filas", dice un documento oficial de los populares.