El sueldo para pobres no llega a los vagabundos
Más de cinco personas han dormido esta semana con plásticos en la Gran Vía, a varios grados bajo cero; otros tantos, en la plaza de la Villa de París; más de 40, en la estación de metro de Tirso de Molina, y más de 500, en albergues de la ciudad. La mayoría, ignora que existe algo que se llama salario para pobres -el ingreso madrileño de integración (IMI), creado en octubre de 1990- y que a cambio de un leve trabajo pueden cobrar unas 37.000 pesetas al mes. Un informe encargado por el Gobierno regional resalta, entre otros errores de peso, el fallo de las autoridades de no hacer llegar el IMI ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Más de cinco personas han dormido esta semana con plásticos en la Gran Vía, a varios grados bajo cero; otros tantos, en la plaza de la Villa de París; más de 40, en la estación de metro de Tirso de Molina, y más de 500, en albergues de la ciudad. La mayoría, ignora que existe algo que se llama salario para pobres -el ingreso madrileño de integración (IMI), creado en octubre de 1990- y que a cambio de un leve trabajo pueden cobrar unas 37.000 pesetas al mes. Un informe encargado por el Gobierno regional resalta, entre otros errores de peso, el fallo de las autoridades de no hacer llegar el IMI a este grupo.
Los que no tienen casa -"transeúntes", les llaman los sociólogos- viven donde siempre; tan sólo hay que ir a buscarlos, y eso es fácil. En la estación de Tirso de Molina, por ejemplo, a partir de la una de la madrugada, desde hace tres meses se cobija lo más granado de la marginación madrileña. En la plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo, varias personas han dormido esta semana cubiertas con plásticos sobre bancos de piedra. Además, los albergues, a raíz de la gran nevada de la semana anterior, tuvieron que incorporar camas portátiles. Pues bien, la gran mayoría de esta gente no sabe que el Gobierno regional maneja casi 3.000 millones de pesetas para que ellos y otras familias pobres vivan dignamente.No bastaría con que los técnicos fueran a Tirso de Molina y les explicaran entre el humo de la heroína y las cajas de cartón que les sirven de cama en qué consiste el salario. "Tendrían que enseñarles a pescar, no darles el pez", dice Francisco Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas. Esa crítica la comparten con él los sindicatos.
El presidente de la asociación vallecana es uno de los principales agraviados por el Gobierno de Joaquín Leguina. Pérez presentó un proyecto para rehabilitar un colegio de su barrio. En el programa participarían 60 personas que aprenderían un oficio, ya sea de albañilería, carpintería o cualquiera de las actividades necesarias en la rehabilitación. Pues nada: el proyecto que pedía fue a la basura junto con 123 más. La Consejería de Integ ación Social, que preside Elena Vázquez, sólo salvó siete de los 130 programas de grupos.
Asumir las críticas
Ésa es otra de las críticas que señala el equipo de sociólogos que redactó el informe sobreel salario social: muchas pagas a personas aisladas y pocos proyectos de grupo. Y los responsables regionales la asumen. "De los 130 que se presentaron sólo había unos 13 aceptables, pero es cierto que se podían invertir más de 100 millones, que es lo que hicimos", señala un técnico de la consejería de Integración Social.Entre los programas subvencionados se encuentra el que presentó un grupo de reclusos para trabajar como mensajeros, el de una veintena de mujeres vallecanas para cuidar ancianos en sus domicilios y el de un grupo de reclusas sidosas que montaron una fotocopiadora frente a la Universidad Carlos III. Proyectos todos ellos tan bonitos como escasos. "Debería haber muchos más programas de ésos en vez de limitarse a darle una paga que viene a ser como una limosna", dice Francisco Pérez.
"Mucho caldo y poco garbanzo", añade un portavoz de CC OO refiriéndose al salario. "Las actividades que hacen los pobres muchas veces no calan entre ellos". Crítica, esta última, que reflejan los redactores del informe, claro que con otras palabras: "Los programas que se ofrecen a los indigentes no son los más idóneos".
Significa eso que no hay por qué asignar cursos de informática a todos los solicitantes en paro, porque en muchas ocasiones no se han sentado más de media hora para leer. "Con esto no se quiere decir", aclara el citado técnico de Elena Vázquez, "que las 500 personas que trabajan con los pobres no se hallen capacitadas, sino que necesitan tiempo para adquirir experiencia".
Así que los cerca de 600 vagabundos que, según cálculos de la Comunidad, se pasean por la región son uno de los grupos que hay que atender a partir de ahora. Los minusválidos y enfermos mentales representan los otros olvidados. "Hacia esa gente, que ni ve la tele ni escucha la radio, nos hemos propuesto llegar", dice un responsable de la Consejería de Integración Social.
Otra crítica más del informe: es preciso que la consejería de Elena Vázquez se coordine mejor con otras administraciones, como la Dirección General de la Mujer, el Ivima o el Instituto Nacional de Empleo. Pero eso, según los sindicatos, sería sólo un mal menor. Lo más grave es que en realidad no los integra.
La última crítica: en el proyecto inicial del IMI se tenía en cuenta algo que se llamaba "ayudas de urgente necesidad", destinadas a las familias que necesitaran de forma imperiosa rehabilitar un tejado, pagar una hipoteca o conseguir la entrada de un automóvil que pudiera ser vital para su trabajo. De esa partida no se ha dado ni un duro el último año. Y necesidades imperiosas, igual que vagabundos, también existen.
Sobre la firma
Archivado En
- Marginados
- Marginación
- Salarios
- Servicios sociales
- Financiación autonómica
- Metro
- Política social
- Transporte urbano
- Madrid
- Comunidad de Madrid
- Grupos sociales
- Transporte ferroviario
- Ayuntamientos
- Comunidades autónomas
- Finanzas públicas
- Condiciones trabajo
- Administración autonómica
- Administración local
- Empresas
- Transporte
- Problemas sociales
- Economía
- Administración pública
- España
- Trabajo