El plan de convergencia deja en 411.000 millones el déficit en 1996 frente a los 2,4 billones del año pasado

La propuesta para el plan de convergencia elaborada por el Ministerio de Economía y Hacienda supondrá un recorte del déficit de todas las administraciones públicas más severo, que el exigido por los acuerdos de Maastricht. Según esta propuesta, aún pendiente de aprobación por el Gobierno, la necesidad de financiación de la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, debe situarse en 411.000 millones de pesetas en 1996, frente a los 2,42 billones del pasado año. Ello representará un 0,52% del PIB, frente al 3% exigido por los acuerdos de la CE.Esta severidad en la pol...

La propuesta para el plan de convergencia elaborada por el Ministerio de Economía y Hacienda supondrá un recorte del déficit de todas las administraciones públicas más severo, que el exigido por los acuerdos de Maastricht. Según esta propuesta, aún pendiente de aprobación por el Gobierno, la necesidad de financiación de la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, debe situarse en 411.000 millones de pesetas en 1996, frente a los 2,42 billones del pasado año. Ello representará un 0,52% del PIB, frente al 3% exigido por los acuerdos de la CE.Esta severidad en la política presupuestaria supone situar el mayor esfuerzo de convergencia en la reducción del gasto público. Según declaró ayer el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, tras una comparacencia en el Senado, esta opción responde a que ,,otras variables como la inflación se encuentran más alejadas de los objetivos de convergencia, por lo que hay que hacer un mayor esfuerzo en aquello que controlamos más directamente.

La propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda prevé realizar el mayor recorte a partir del año 1994, con una reducción del déficit de aproximadamente medio billón de pesetas en cada ejercicio hasta 1996. El objetivo para la Administración central (Estado más Seguridad Social) es reducir la necesidad de financiación desde el 3,2% del PIB registrado en 1991 hasta el 0,4% en 1996.

Por su parte, las comunidades autónomas pasarían del 1,08% registrado el pasado año hasta el 0,07% en 1996. En el caso de los ayuntamientos se situaría en el 0,05% del PIB en 1996 frente al 0,15% de 1991. La propuesta está aún pendiente de decisión en el Consejo de Ministros que, aunque estaba

previsto, no lo analizó el pasado viernes. Ello ha motivado también el aplazamiento de la reunión prevista el pasado lunes con las autonomías para sellar el acuerdo.