La policía investiga a otras 40 personas implicadas en la venta de datos informáticos

Unas 40 personas -entre las que hay ocho funcionarios- están siendo investigadas en relación con la red de fraude informático descubierta en Madrid. La policía cree que alguno de estos funcionarios ha cobrado hasta un millón de pesetas por facilitar información. Joaquín González López, presunto cerebro de la organización, cuenta con "uno de los mayores y mejores bancos de datos" de España. Los agentes que investigan en el caso desde que un empleado arrepentido presentase una denuncia el año pasado deberán analizar el contenido de las 2.000 cintas magnéticas decomisadas.



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Unas 40 personas -entre las que hay ocho funcionarios- están siendo investigadas en relación con la red de fraude informático descubierta en Madrid. La policía cree que alguno de estos funcionarios ha cobrado hasta un millón de pesetas por facilitar información. Joaquín González López, presunto cerebro de la organización, cuenta con "uno de los mayores y mejores bancos de datos" de España. Los agentes que investigan en el caso desde que un empleado arrepentido presentase una denuncia el año pasado deberán analizar el contenido de las 2.000 cintas magnéticas decomisadas.

Joaquín González ha declarado que en España hay muchas empresas como la suya y que obtienen la información en archivos de acceso público. Pero un responsable policial replica: "No es cierto que estas empresas hayan conseguido los datos en ficheros públicos, ya que en éstos no figuran la relación familiar y el número de personas que integran la familia, ni los ingresos de las personas, ni su nivel cultural y el de la familia, ni el modelo y la matrícula de su automóvil, ni el tipo de vida".

El hecho de que el juez Miguel Moreiras se haya inhibido del sumario, tras un, informe de la. fiscalía que estimaba que la Audiencia Nacional no tiene competencia para este caso, ha supuesto un parón en el desarrollo de las investigaciones, según, reconocieron ayer fuentes Policiales. Estas creen que el asunto volverá a cobrar impulso la próxima semana, después de que la juez de instrucción número 2 de Móstoles (Madrid) reciba los 1.000 folios que componen las diligencias.

Días atrás fueron detenidas 10 personas; entre ellas, César Antonio Cabeza Álvarez, funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Joaquín González López, propietario de Publigest, y Carlos Álvarez Cantó Obregón, dueño de otra empresa similar y considerado como el cerebro informático del grupo. Todos han quedado ya en libertad.

González López tenía fichados a más de 20 millones de españoles. "Pero lo verdaderamente importante no es la cantidad, sino la calidad de los datos. Tiene una información reservada muy importante, lo que convierte a Publigest en uno de los mejores bancos informáticos de España" según indicó un responsable policial.

Publigest, que a su vez se alimentaba de lo que le aportaban otras empresas afines, cuenta con una información actualizada y muy completa, por ejemplo, sobre todos los funcionarios de la Administración del Estado. Este listado y otros referidos a pensionistas, automóviles y empresas inducen a pensar que en la trama están implicados funcionarios de los ministerios de Presidencia, Trabajo, Interior y Hacienda.

Durante los seis meses que el Servicio Central de Policía Judicial ha estado investigando el caso, los agentes han sometido a seguimiento, control y escucha telefónica a numerosos sospechosos. Así, han reunido suficientes indicios contra un grupo de funcionarios corruptos que en algún caso han percibido hasta un millón de pesetas a cambio de facilitar los listados magnéticos, según fuentes próximas al caso.

La policía está estudiando las cuentas bancarias de los presuntos implicados en la red. En alguna operación, un cliente pagó un trabajo a Flubligest, la empresa radicada en Móstoles, entregándole una furgoneta.

Nuevas detenciones

Es previsible que en los próximos días haya nuevas detenciones ordenadas por la juez de Móstoles, que se ocupará de instruir el sumario. La policía también espera extender sus investigaciones a Andalucía, Extremadura y otras regiones.

Las 2.000 cintas magnéticas decomisadas por la policía están etiquetadas con epígrafes como vehículos, jóvenes, empresas rechazadas, padrón de Madrid, entidades bancarias, heráldica, currantes, censo de Badajoz, bomberos, talleres, etcétera. El juez Miguel Moreiras, antes de inhibirse del caso, ha ordenado que este material sea trasladado al centro de proceso de datos de la policía en El Escorial. "El análisis de lo que contienen estos soportes puede durar varios meses",, según un responsable de la investigación.

La Comisión de Libertades e Informática (CLI), integrada por los dos sindicatos mayoritarios y otras entidades, ejercerá la acusación popular en este caso. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, se encargará de la tramitación legal.