El embrollo cántabro

LA INDECISIÓN de los principales dirigentes del Partido Popular (PP) ante el procesamiento del presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, es explicable. No hicieron caso de quienes les advirtieron sobre el riesgo de uncir la suerte de su partido a la de tan contradictorio personaje, y ahora, cuando se encuentran en Cantabria con un Gobierno en el que su presidente y seis de sus consejeros están en libertad provisional, ni Aznar ni Álvarez Cascos saben qué decir.Los motivos del procesamiento son anteriores al pacto del PP con Hormaechea y perfectamente conocidos por la dirección del partido: la ...

LA INDECISIÓN de los principales dirigentes del Partido Popular (PP) ante el procesamiento del presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, es explicable. No hicieron caso de quienes les advirtieron sobre el riesgo de uncir la suerte de su partido a la de tan contradictorio personaje, y ahora, cuando se encuentran en Cantabria con un Gobierno en el que su presidente y seis de sus consejeros están en libertad provisional, ni Aznar ni Álvarez Cascos saben qué decir.Los motivos del procesamiento son anteriores al pacto del PP con Hormaechea y perfectamente conocidos por la dirección del partido: la denuncia se basa en las conclusiones a las que llegó en marzo la comisión parlamentaria que investigó las irregularidades en la gestión del Gobierno cántabro relacionadas con adjudicaciones administrativas dudosas, gastos de difícil justificación y endeudamiento imprudente. El PP tuvo ocasión de cortar amarras con Hormaechea aprovechando el incidente de los insultos tabernarios contra varios líderes del partido a finales del pasado año. Así pareció haberlo entendido Aznar cuando afirmó que nunca dudaría en renunciar al poder si mantenerlo implicaba perder la dignidad.

Pero todo ello fue olvidado tras las elecciones regionales y municipales de mayo, en las que el partido creado por Hormaechea se convirtió en la segunda fuerza de la comunidad, a escasa distancia del PSOE y muy por delante del PP. El reprobado en diciembre fue apoyado en junio, y Hormaechea recobró la presidencia. Los teóricos de la operación argumentaron que, tras el éxito de la alianza concluida en Navarra con UPN, la alternativa conservadora pasaba por la recomposición de la unidad del centro-derecha en Cantabria, posible modelo para otras estrategias similares. Frente a ese objetivo, otras consideraciones pasaron a segundo plano, y en un alarde de ingenuidad, los dirigentes populares creyeron protegerse ante eventuales nuevos conflictos sometiendo a Hormaechea a la disciplina de la formación conservadora. Lo que hicieron fue meter en casa a un futuro procesado por prevaricación y malversación de fondos.

Al conocerse la noticia, algunos dirigentes declararon que se trataba de "un nuevo caso de manipulación política", pero luego han abandonado esa línea. Aznar se ha limitado a comentar que no tomará decisión alguna antes de hablar con Hormaechea, que está en América. La incógnita es si el PP, que en otras ocasiones no ha dudado en exigir la dimisión de cargos electos procesados (así lo hizo el propio Aznar con el socialista Demetrio Madrid cuando éste presidía la comunidad de Castilla y León), ya a aplicar ahora el mismo rasero. Demetrio Madrid dimitió, pese a que el procesamiento nada tenía que ver con su gestión pública, y también lo hizo el ex popular pasado al nacionalismo Xosé Luis Barreiro, tras ser procesado por el asunto del juego; pero no lo hizo el alcalde de Burgos, José María Peña -otro independiente acogido en las listas del PP-, encausado por un supuesto delito de prevaricación, ni lo ha hecho el vicepresidente de Canarias, Manuel Hermoso, de la agrupación electoral AIC (que gobierna en coalicíón con el PSOE), procesado por un presunto delito de negligencia en el control de caudales públicos.

La ley no obliga a dimitir al cargo público procesado. Lo contrario podría favorecer maniobras de desestabilización de las instituciones de gobierno mediante una utilización maliciosa de las posibilidades del sistema judicial. Será la sentencia la que establecerá, en su caso, la prohibición para desempeñar cargos públicos. No es lo mismo, por lo demás, que el procesamiento se deba a haber dicho que "la justicia es un cachondeo" -otro caso famoso- que a la existencia de indicios de criminalidad en la gestión de fondos públicos. Es verdad que la presunción de inocencia protege a Hormaechea, como a cualquier otro ciudadano, pero al PP le va a ser difícil explicar que la dimisión cautelar que pidió a Demetrio Madrid no sea igualmente exigible a Hormaechea. Y al fin y al cabo, el presidente cántabro sigue siéndolo gracias a los votos del Partido Popular.