Las autonomías rechazan aplicar los recargos al impuesto sobre la renta que propone el Gobierno

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, resucitó ayer la figura de los recargos autonómicos sobre el IRPF (impuesto sobre la renta). En nombre del Gobierno, propuso a las comunidades autónomas aprobar una ley marco para desarrollar esta posibilidad, ya prevista en la actual normativa. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada ayer, los consejeros autonómicos descartaron aumentar los impuestos a sus ciudadanos por esta vía. En la reunión hubo acuerdo sobre los temas a tratar, empezando por la denominada "corresponsabilidad fiscal".

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El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, resucitó ayer la figura de los recargos autonómicos sobre el IRPF (impuesto sobre la renta). En nombre del Gobierno, propuso a las comunidades autónomas aprobar una ley marco para desarrollar esta posibilidad, ya prevista en la actual normativa. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada ayer, los consejeros autonómicos descartaron aumentar los impuestos a sus ciudadanos por esta vía. En la reunión hubo acuerdo sobre los temas a tratar, empezando por la denominada "corresponsabilidad fiscal".

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Sin embargo, cada cual entiende a su manera la denominada "corresponsabilidad fiscal". Aquí caben las posturas más radicales (Cataluña, Valencia, Baleares), que quieren recaudar directamente el impuesto sobre la renta, e incluso las que se cierran en banda ante esta posibilidad. El Gobierno, por su parte, no aclaró ayer qué entiende por tal "corresponsabilidad" e incluso contribuyó a enredar la madeja al resucitar los recargos autonómicos.La propuesta efectuada ayer por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, consiste en la aprobación de una ley marco que "habilite" a las comunidades para hacer que sus ciudadanos añadan a lo que ya pagan por el IRPF una cantidad con destino a las arcas autonómicas.

No se trata con ello de buscar un compromiso para implantar los recargos a la vez en todas las autonomías y que sea en el mismo porcentaje, sino de desarrollar lo ya previsto en la normativa actual, según explicó el ministro de Economía.

En efecto, la posibilidad de los recargos está ya contemplada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional. Por ello, los consejeros de las comunidades autónomas mostraron ayer su escepticismo sobre la necesidad de tal ley. Tras este rechazo al "envoltorio", expresaron que no tenían la intención de hacer pagar más impuestos a sus ciudadanos por esta vía.

La afirmación más contundente en este sentido fue la efectuada por el consejero de Hacienda de Madrid, Ramón Espinar: "No contemplamos esta posibilidad durante todo lo que queda de legislatura". Madrid fue, precisamente, la comunidad pionera en la implantación de un recargo del 3% en el IRPF. La medida quedó abortada tras una famosa conversación entre el presidente del Gobierno, Felipe González, y el de Madrid, Joaquín Leguina.

Éste será, sin embargo, el primer tema a debate, como parte de la "corresponsabilidad fiscal", en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar en Madrid el próximo día 18. Las comunidades consiguieron en la reunión de ayer variar la estrategia del Gobierno que quería primero alcanzar un acuerdo para solucionar los desajustes del actual sistema de financiación autonómica, y después, pasar a los aspectos más difíciles, como es la cesión del impuesto sobre la renta.

El Gobierno tendrá, pues, que entrar en el debate desde el primer día, ya que su propuesta de recargos autonómicos "sería complementaria" a la cesión de una parte del impuesto sobre la renta, tal como aclaró el ministro de Economía. Aunque los consejeros coincidieron en destacar que Solchaga se mostró cerrado a tal posibilidad durante la reunión de ayer, el ministro no se pronunció públicamente al respecto.

Reducir el déficit

El otro plato fuerte de esta negociación, que debe terminar antes de final de año, consiste en alcanzar un compromiso para reducir el déficit de todas las administraciones públicas, aspecto en el que todos los presentes en la reunión de ayer coincidieron. Solchaga explicó que el objetivo a alcanzar es situar el déficit conjunto en el 3% del PIB, para así converger con los demás países de la Comunidad Europea cuando se entre en la segunda fase de la unión económica y monetaria (a partir de 1994).Para este año se espera un déficit del 3,5% del PIB por lo que el "esfuerzo" de contención fue valorado por el ministro en 275.000 millones de pesetas (medio punto del PIB). Para ello, "habrá que apretarse el cinturón o subir los impuestos", añadió.

También hubo acuerdo en los demás temas a tratar (ver cuadro), y todo ello, sin necesidad de modificar la actual LOFCA.

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