El Reino Unido acumula dos vetos más al proyecto de unión política de Europa

El Reino Unido sumó ayer en Bruselas dos nuevos vetos a la lista de rechazos sobre avances contemplados en el proyecto de tratado de unión política de la CE. El representante británico, Tristan Garel-Jones, comunicó la oposición de su Gobierno a que la política social y la cooperación en materia judicial y de política interior puedan ser, incluso en un mínima parte, competencia de la CE.

El resto de los países apoya un acuerdo de mínimos sobre transferencia de soberanía nacional a la Comunidad en estas materias.Los ministros de Exteriores de la CE debatieron también la lista de sancione...

El Reino Unido sumó ayer en Bruselas dos nuevos vetos a la lista de rechazos sobre avances contemplados en el proyecto de tratado de unión política de la CE. El representante británico, Tristan Garel-Jones, comunicó la oposición de su Gobierno a que la política social y la cooperación en materia judicial y de política interior puedan ser, incluso en un mínima parte, competencia de la CE.

El resto de los países apoya un acuerdo de mínimos sobre transferencia de soberanía nacional a la Comunidad en estas materias.Los ministros de Exteriores de la CE debatieron también la lista de sanciones a Serbia en el caso de que, en la sesión plenaria de la Conferencia de Paz que se celebra hoy en La Haya, el presidente de esta república, Slobodan Milosevic, continúe rechazando la propuesta de paz comunitaria. Los Doce defienden un acuerdo de cooperación entre las seis repúblicas federadas dentro de una nueva estructura que garantice la independencia como Estados a las que así lo elijan.

A pesar del ultimátum de la CE de segregar a Serbia de las conversaciones de paz y de aplicar sanciones económicas a esta república, las posiciones de algunos países, especialmente España y el Reino Unido, son de extremada cautela. "Aplicar las sanciones de forma separada es un tema complejo y difícil, y no sabemos si serán eficaces o se tratará de matar moscas a cañonazos", manifestó el secretario de Estado Carlos Westendorp.

La CE definió ayer la lista de sanciones: denunciar el acuerdo de cooperación con Yugoslavia, suprimir las ventajas y preferencias comerciales y negar créditos a la exportación. Estas medidas se restablecerán a las repúblicas que continúen las negociaciones del proceso de paz. El embargo petrolífero se consultará con la ONU, porque sin su aval no sería efectivo. Se desestimó la congelación de cuentas bancarias yugoslavas por ineficaz, al no haber prácticamente dinero yugoslavo en la CE. La decisión se tomará el jueves en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Doce convocada en Roma en paralelo a la cumbre de la OTAN.

En cuanto a la unión política, el desbloqueo o la negociación total con vistas a la cumbre de N/taastricht no comenzará a desvelarse hasta el cónclave de ministros de Asuntos Exteriores que se celebrará entre el 12 y el 14 de noviembre en una localidad holandesa.

Mínimo común denominador

La negociación final girará en torno a la oposición británica o, lo que es lo mismo, se centrará en el, mínimo común denominador posible. El Reino Unido planteó ayer dos nuevos vetos, a una política social de la CE y a una cooperación en materia policial y judicial común, que se suman a la larga lista de los ya expresados: toma de algunas decisiones de política exterior común por mayoría cualificada, poder de codecisión legislativa del Parlamento Europeo y rechazo de la moneda única.

La propuesta de la presidencia holandesa de la CE no es nada ambiciosa. En política social se limita a poner en común algunos temas por mayoría y a reservar la unanimidad en lo que se refiera a seguridad social y protección de los trabajadores. Los salarlos seguirán siendo de competencia nacional. España lanzó un puente de aproximación a los británicos al proponer una estrategia evolutiva, porque Ias diferencias en protección social son demasiado grandes para intentar igualarlas de repente".

En el campo de cooperación judicial y de política interior, la competencia comunitaria se limita a la legislación sobre visados y derechos de entrada y residencia de extranjeros.