Túnez reconoce violaciones de derechos humanos contra los integristas
El Gobierno de Túnez ha investigado y reconocido por primera vez haber violado los derechos humanos de militantes radicales islamistas del partido ilegal En Nahda, según se desprende de un comunicado del Comité Superior de los Derechos Humanos hecho público el pasado fin de semana en la capital tunecina.
El informe asegura que a un número no determinado de integristas, detenidos como consecuencia de diversos incidentes registrados en el país la pasada primavera, se les impidió comunicar su situación a sus familiares y ponerse en contacto con los defensores. El informe oficial rechaz...
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El Gobierno de Túnez ha investigado y reconocido por primera vez haber violado los derechos humanos de militantes radicales islamistas del partido ilegal En Nahda, según se desprende de un comunicado del Comité Superior de los Derechos Humanos hecho público el pasado fin de semana en la capital tunecina.
El informe asegura que a un número no determinado de integristas, detenidos como consecuencia de diversos incidentes registrados en el país la pasada primavera, se les impidió comunicar su situación a sus familiares y ponerse en contacto con los defensores. El informe oficial rechaza, sin embargo, cualquier otro tipo de violación más grave de los derechos humanos.
El Gobierno tunecino ha hecho público el resultado de estas investigaciones 10 días después de que se ejecutara en la cárcel civil de la capital a tres militantes de En Nahda, condenados a muerte por haber asesinado a un hombre durante el asalto a la sede de un partido.
La encuesta sobre los supuestos malos tratos a militantes integristas se inició hace cuatro meses, cuando Amnistía Internacional hizo público el informe denunciando supuestas torturas de integristas en dependencias policiales, y aventuraba la posibilidad de que cinco de ellos hubieran encontrado la muerte.
La noticia provocó la indignación de la Administración y, mientras expulsaba del país al corresponsal de la agencia Reuter por no haberla "contrastado", el presidente de la República ordenaba abrir una investigación oficial.
El jurista Driss
El encargado de llevar a cabo la encuesta fue el jurista Rachid Driss, presidente del Comité Superior de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, quien, asesorado por un grupo de expertos y profesionales nombrados por la Administración, recorrió las cárceles del país y habló con centenares de detenidos y sus familiares. Rachis Driss, de 74 años de edad, es un viejo seguidor del ex presidente Habib Burguiba, quien le nombró desde 1957 a 1964 responsable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, con posterioridad, embajador en Estados Unidos y Naciones Unidas.
El domingo, al informar del resultado de las investigaciones, Driss aseguró, sin embargo, que 11 muchas de las denuncias presentadas por los familiares contra la Administración carecían de fundamento". A pesar de estas palabras, reconoció a continuación que el propio Estado estaba instruyendo procedimientos judiciales contra los funcionarios por la comisión de estos actos.
"Se han cometido abusos, es imposible ocultarlo", añadió el jurista y diplomático Driss, pero recalcó que se trataba de violaciones cometidas a título individual y "contrarias a la política de Estado y a las directrices dadas por el presidente de la República".