Escalada en el precio de alquileres tras el anuncio de sustitución del 'decreto Boyer'

El anuncio de un nuevo decreto que a partir de octubre regulará los alquileres de viviendas está provocando un retraimiento de la oferta y subidas entre el 30% y el 50% en las rentas, según han advertido inmobiliarias y asociaciones de consumidores. La directora general de la Vivienda, Cristina Narbona, reconoce que los usuarios "pueden sufrir un envite" mientras esté en vigor el decreto Boyer.

En un mercado libre y mientras esté vigente el decreto Boyer "nada puede evitar que el propietario haga lo que le dé la gana", reconoce Cristina Narbona, quien confirmó a EL PAÍS que la in...

El anuncio de un nuevo decreto que a partir de octubre regulará los alquileres de viviendas está provocando un retraimiento de la oferta y subidas entre el 30% y el 50% en las rentas, según han advertido inmobiliarias y asociaciones de consumidores. La directora general de la Vivienda, Cristina Narbona, reconoce que los usuarios "pueden sufrir un envite" mientras esté en vigor el decreto Boyer.

En un mercado libre y mientras esté vigente el decreto Boyer "nada puede evitar que el propietario haga lo que le dé la gana", reconoce Cristina Narbona, quien confirmó a EL PAÍS que la intención del ministro de Obras Públicas y Transportes es que la nueva normativa que sustituirá al decreto Boyer "se tramite con urgencia en septiembre". Con rango de decreto-ley, contemplará entre otras medidas la obligatoriedad para el propietario de alquilar la vivienda por un mínimo de tres años y fijar los incrementos anuales de las rentas a las variaciones del índice de precios al consumo (IPC).La inminente regulación afectará a un total de 304.789 contratos de alquiler, el número que se formalizó, según un reciente estudio del MOPU, con posterioridad al 9 de mayo de 1985.

"Creo que el nuevo decreto se va a aceptar bien en el mercado, aunque puede que el anuncio haya provocado alguna distorsión para anticiparse a la moderación posterior", dice la responsable de Vivienda.

'Efecto patada'

Este fenómeno ha sido descrito por expertos de la Unión de Consumidores de España (UCE) como el efecto patada de una norma que pretende moderar la especulación en el precio de los alquileres. Como muestra de ello, esta asociación ha recibido cerca de 50 consultas por rescisión de contratos para dejar los pisos desocupados o incrementos entre el 30% y el 50% de las rentas.

"Los propietarios están aplicando rentas que superen los posibles incrementos del IPC durante los tres años que deberán prorrogar los contratos obligatoriamente", explica Natividad Cifuentes, responsable de Vivienda de la UCE. En esta organización se recibieron durante el pasado año un total de 6.370 reclamaciones sobre arrendamientos urbanos. Más del 50% de las reclamaciones fueron provocadas por los efectos del decreto Boyer.

"El que no exista un precio de referencia hace dificil al inquilino defenderse", dice Cristina Narbona, quien, sin embargo, no cree que se vaya a producir un alza general en los alquileres tras la entrada en vigor de la nueva normativa.

Las inmobiliarias, de momento, dicen no acusar un cambio de estrategia. "SÍ acaso un retraimiento en la oferta porque algunos propietarios están esperando a conocer el contenido de la ley para alquilar sus viviendas", reconoce Carlos de las Heras, director de una agencia inmobiliaria. En su opinión, sí puede producirse un alza inicial de los precios de los alquileres entre el 15% y el 20%, "aunque más tarde se estabilizarán".

Oferta pública

Según una valoración aproximativa de la compañía inmobiliaria Metrovacesa, en España existe actualmente una proporción de 0,9 propietarios de viviendas por cada arrendatario. La opinión expresada por esta empresa inmobiliaria es que la promoción de viviendas de alquiler debería ser pública, como sucede en los mercados de Francia y el Reino Unido.

Para Asunción Torralba, asesora jurídica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la única arma defensiva en un mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda es la oferta pública de viviendas de alquiler. "Si el Gobierno saca viviendas de alquiler, propiciará una regulación del mercado", afirma.

Ni en esta asociación ni en la Federación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (FEACU) se han recibido todavía consultas al respecto, "pero se sospecha y nos inquieta", dice Teresa Rivas, representante de la última.

La FEACU quiere hacer constar el decubrimiénto de otro posible fraude por parte de los propietarios. Se trata de preguntar a los inquilinos si éstos piensan declarar sus alquileres para desgravar y en caso afirmativo pactar con ellos la expedición de recibos por un importe menor al que realmente pagan con vistas a que los propietarios puedan evadir impuestos.

La directora general de la Vivienda cree firmemente que la mayoría de los propietarios "no tienen mentes perversas", como prueba el hecho de que algunas agencias de alquiler están incluyendo en los contratos de arrendamiento los últimos dos meses, aún con las estipulacíones del decreto Boyer vigentes, una cláusula adicional avisando de que a partir de la apro bación de la nueva ley quedarán automáticamente sujetos a la misma.