Solchaga confía en que los sindicatos acepten el plan de competitividad cuando lo conozcan

El Gobierno, según afirmó ayer el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, confía en que los sindicatos acepten el plan de competitividad una vez conozcan sus detalles. La negociación del pacto tiene fecha fija. El Gobierno convocará a los interlocutores sociales a partir del próximo 10 de junio, y les hará saber que los presupuestos de 1992 pueden elaborarse con dos escenarios, con o sin pacto. El objetivo es no dilatar la discusión y decidir, tras el verano, si las medidas de política económica para afrontar el mercado único contarán o no con el colchón que supondría el plan.
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El Gobierno, según afirmó ayer el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, confía en que los sindicatos acepten el plan de competitividad una vez conozcan sus detalles. La negociación del pacto tiene fecha fija. El Gobierno convocará a los interlocutores sociales a partir del próximo 10 de junio, y les hará saber que los presupuestos de 1992 pueden elaborarse con dos escenarios, con o sin pacto. El objetivo es no dilatar la discusión y decidir, tras el verano, si las medidas de política económica para afrontar el mercado único contarán o no con el colchón que supondría el plan.

El rechazo inicial de los sindicatos recibió ayer una respuesta optimista del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, quien aseguró que espera que cambien de opinión cuando conozcan el contenido exacto del pacto.El plan de competitividad fue ayer el tema monográfico de discusión en un Consejo de Ministros (que se prolongó desde las 20 horas hasta las 22,30 horas) y del que el Gobierno no facilitó información alguna. La semana próxima se seguirá estudiando este pacto de progreso. La ministra portavoz, Rosa Conde, resumió ayer los motivos de este silencio: "Hemos pensado que hasta que no se ultime el debate es mejor que no se informe sobre ello".

Rosa Conde adelantó que el contenido completo del plan será discutido en el Parlamento antes del 10 de junio con el objetivo de convocar a los interlocutores sociales a partir de ese momento. La negociación, además de una fecha de comienzo, tendrá también una de finalización: el 15 de septiembre, fecha en la que el Gobierno suele enviar al Parlamento el proyecto de presupuestos para el año próximo. La idea es agotar todas las vías de diálogo antes de enviar al Parlamento los nuevos presupuestos del Estado para 1993, toda vez que se plantean dos posibles escenarios presupuestarlos, con o sin pacto.

El segundo es, lógicamente, más restrictivo, pues debe incorporar medidas tradicionales de lucha contra la inflación, necesarias, según el gobierno, en el caso de que se firme el plan diseñado por Economía.

El problema de fondo es que los responsables de la política económica reconocen que las medidas de enfriamiento adoptadas hace un año son útiles para frenar el crecimiento económico global. Esto significa que pueden controlar el aumento de la producción total de la economía española, medida a los precios que fija el mercado, pero no son capaces de delimitar qué parte corresponde al crecimiento económico real y qué parte es sólo aumento de los precios o inflación.

Crecimiento global

El objetivo básico del pacto es pues resolver esta reconocida incapacidad. El Gobierno insiste en definir y limitar ese crecimiento global tanto si se alcanza el pacto como si el Gobierno fracasa en su propuesta. La diferencia es que, en el segundo caso, el Gobierno adoptará medidas adicionales de lucha contra la inflación.Estas ideas cuentan desde ayer con el respaldo mayoritario del Congreso, que rebatió y aprobó las resoluciones de la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con la CE que instan al Gobierno a preparar la economía española para los retos de 1993. Junto a esta estrategia, el plan de Economía prevé la adopción de tres paquetes de medidas complementarias al reparto del crecimiento global (o nominal) de la economía. El primer paquete pretende mejorar la productividad de la economía con incentivos a la inversión, a la mejora tecnológica y a la formación profesional. El segundo paquete, de orden laboral, es la modificación de contratación, la formación, las ordenanzas laborales y desempleo. El tercero ha sido calificado por Economía como "reformas estructurales" en el sector servicios.