El PSOE impide que se agraven las penas por escuchas ilegales

El Grupo Socialista del Senado impidió ayer en el pleno de la Cámara que prosperase una proposición de ley del Grupo Popular con la que pretendía una modificación del Código Penal que elevase las penas por escuchas telefónicas de arresto mayor (de un mes y un día a seis meses) a prisión menor (de seis meses y un día a seis años).La proposición fue rechazada con 108 votos en contra, 69 a favor y una abstención. En contra votaron PSOE y CDS, y a favor, PP, CIU y el Grupo Mixto.

El portavoz popular José Miguel Ortí Bordás, afirmó: "El nivel de alarma que se ha desencadenado en nuestra soci...

El Grupo Socialista del Senado impidió ayer en el pleno de la Cámara que prosperase una proposición de ley del Grupo Popular con la que pretendía una modificación del Código Penal que elevase las penas por escuchas telefónicas de arresto mayor (de un mes y un día a seis meses) a prisión menor (de seis meses y un día a seis años).La proposición fue rechazada con 108 votos en contra, 69 a favor y una abstención. En contra votaron PSOE y CDS, y a favor, PP, CIU y el Grupo Mixto.

El portavoz popular José Miguel Ortí Bordás, afirmó: "El nivel de alarma que se ha desencadenado en nuestra sociedad con el tema de las escuchas telefónicas es muy grande" y eso justifica, en su opinión, un endurecimiento de la penalidad por ese delito. Asimismo, propuso que las sanciones afecten no sólo a las autoridades o particulares que intercepten las comunicaciones telefónicas sin autorización judicial o que divulguen la información obtenida, sino también a aquellas personas que, a pesar de haber contado con autorización respecto a la intercepción telefónica, revelen o divulguen su contenido.

El portavoz socialista, Gaspar Zarrías, consideró que la iniciativa del Partido Popular era inoportuna puesto que el procedimiento de modificar el actual Código Penal no tiene ya sentido, cuando se espera la presentación de un nuevo texto que sustituya al que está en vigor.

Además, Zarrías estimó que la cobertura legal existente sobre las escuchas telefónicas es suficiente.