"Imponer normas morales por ley conduce a la dictadura"

Dionisio Llamazares, de 54 años, miembro del PSOE y catedrático de Derecho Canónico, ha llegado a la Dirección General de Asuntos Religiosos en un momento revuelto en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno. Mientras en el Parlamento la izquierda habla de ampliar la supuestos de despenalización del aborto, los obispos han reiterado su oposición, no sólo a la ampliación, sino a la ley ya existente, Llamazares asegura que entre obispos y Ejecutivo "se está dando una dificultad de entendimiento como consecuencia de hablar lenguajes distintos". "La impresión que tengo", agrega, "es que l...

Dionisio Llamazares, de 54 años, miembro del PSOE y catedrático de Derecho Canónico, ha llegado a la Dirección General de Asuntos Religiosos en un momento revuelto en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno. Mientras en el Parlamento la izquierda habla de ampliar la supuestos de despenalización del aborto, los obispos han reiterado su oposición, no sólo a la ampliación, sino a la ley ya existente, Llamazares asegura que entre obispos y Ejecutivo "se está dando una dificultad de entendimiento como consecuencia de hablar lenguajes distintos". "La impresión que tengo", agrega, "es que las posiciones en los temas objeto de negociación con la Iglesia católica no están tan lejanas como pudiera parecer".

Sin embargo, no existe este acercamiento en los grandes argumentos de fondo. Los obispos hablaban el pasado noviembre -en el documento sobre moralidad pública- de que la fuerza de los votos había desplazado "los criterios éticos valederos" y señalaban como perniciosa la distancia entre ley y moral

Voluntad de la mayoría

Llamazares opina al respecto que "un parlamento que quiera responder de la opinión pública mayoritaria tiene que hacer lo que quiere la mayoría, que son sus electores, en el fondo: no la conciencia, ni Dios, sino los electores".La identificación entre ley y moral "no puede ser compartida desde el punto de vista del propio derecho de libertad de conciencia, porque lo que es norma ética de conciencia creo que no puede imponerse a los demás", manifiesta el director general. "Son dos campos distintos y esa distinción ha de quedar muy clara en temas como el aborto: una norma penal tiene que ser coparticipada por la mayoría de la sociedad y hay que tener muy claro que en un sistema democrático -el menos malo de los sistemas

de convivencia- no se juega con la verdad o la falsedad", dice.

El no penalizar el aborto, a juicio de Llamazares, "no significa que lo estés beatificando o poniendo en los altares; es decir,que desde el punto de vista de la convivencia social es peor castigarlo que no castigarlo, y ese es el juicio que hace el Parlamento". "Yo no quiero que aborte nadie, agrega, "pero no quiero tampoco que a quien lo haga lo metan en la cárcel".

Junto a temas morales, otros asuntos de orden material también preocupan al episcopado. Uno de ellos es el de la asignacíón tributaria o impuesto religioso -el 0,5% de la cuota íntegra del IRPF- Llamazares afirma al respecto que hay numerosas incógnitas, ya que los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979 son ambiguos. "Por ejemplo",dice el director general, "no está concretado si, en el compromiso de autofinanciación que se fija en esos pactos, el Estado va a continuar siendo recaudador o no o si se va a mantener el procedimiento de la asignación con un incremento del pago".

"Si la Iglesia dijera que se autofinancia dentro de cinco años es una cosa: se puede incrementar el porcentaje; pero si dice que lo hace en 25 años es otra cosa", afirma Llamazares, quien, no obstante, añade que "es un problema superable" y que no le "parecería mal que la Iglesia fijara la fecha de su autofinanciación, para evitar ambigüedades en el tema de los acuerdos".